La contabilidad de los femicidios en Argentina: entre la falta de datos oficiales y el desmantelamiento de las políticas de género.

A lo largo de los últimos años, en Argentina se consolidaron distintos mecanismos para registrar los casos de femicidios, aunque no todos responden a los mismos criterios ni ofrecen resultados coincidentes. Existen fuentes oficiales, como el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), y otras no oficiales, elaboradas por instituciones y organizaciones que se nutren de la información publicada en los medios y que, con un trabajo minucioso, construyen sus propios relevamientos.

Actualmente, tres organismos se destacan en esta tarea: el RNFJA, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN); y la organización civil La Casa del Encuentro, pionera en el registro de estos crímenes desde antes de la existencia de estadísticas oficiales.

El RNFJA publica sus informes anualmente, con un desfase de unos tres meses respecto al cierre del año, lo que impide conocer en tiempo real la evolución de los casos. Desde 2017, los datos muestran una tendencia sin descensos sostenidos: las cifras oscilan, pero no reflejan una mejora significativa.

El observatorio de la Defensoría del Pueblo realiza un monitoreo diario de medios de comunicación, cruzando esos registros con información de fiscalías, comisarías y hospitales. Sus cifras suelen diferir de las de la Corte Suprema, en parte por los distintos criterios de inclusión: mientras la Justicia contabiliza solo los casos judicialmente tipificados como femicidios, otros observatorios incluyen aquellos en investigación o con móviles aún no esclarecidos.

En su informe 2024, la Defensoría advirtió: “Si bien se observa una disminución respecto de 2023, durante 2024 se cometió la misma cantidad de asesinatos por motivos de género que en 2020, año marcado por la pandemia. Este factor impide hablar de una mejora sostenida y demuestra la necesidad de políticas públicas efectivas, educación, prevención y un sistema judicial que responda adecuadamente a las víctimas.”

Una de las grandes incógnitas es cuántos de los casos presentados como femicidios por los medios terminan siendo reconocidos judicialmente como tales. Para Barrancos, el contexto político actual agrava el riesgo de retrocesos institucionales: “El Poder Judicial, que actúa de manera diferente según jurisdicciones, debe ser preservado de esta maniobra estrepitosa, escandalosa de retroceso de derechos.”

Y agrega una advertencia clave: “No actuar con perspectiva de género es ilegal. Tenemos la Ley Micaela, que no ha sido revocada. Mientras esa norma exista, la perspectiva de género debe ser parte del presupuesto básico de actuación de magistradas y magistrados.”

El impacto del desfinanciamiento

Mientras las cifras de femicidios se mantienen estables, las políticas públicas de género sufren recortes drásticos. De acuerdo con un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre 2023 y 2025 el presupuesto destinado a programas de género cayó un 89% en términos agregados, alcanzando niveles históricos de desinversión.

El Programa Acompañar, que otorgaba asistencia económica a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia, se redujo un 90% respecto de 2023: pasó de más de 100.000 personas asistidas a apenas 434 en 2024. En 2025, el programa desapareció del presupuesto nacional: su sitio web permanece desactualizado y su tablero de monitoreo fue dado de baja.

La Línea 144, servicio nacional de asistencia y orientación a víctimas, también sufrió un recorte del 66% de su presupuesto y una reducción del 45% de su planta laboral. Su partida específica fue eliminada, impidiendo conocer los recursos efectivamente asignados. En 2023 atendió a 180.000 personas, mientras que el Presupuesto 2026 prevé una meta de solo 60.000 casos, ahora bajo el programa “Afianzamiento de la Justicia”.

En un escenario donde los femicidios no disminuyen y las políticas de prevención se desfinancian, las especialistas advierten que el país atraviesa una etapa crítica: sin datos confiables ni recursos sostenidos, la lucha contra la violencia de género se enfrenta a un nuevo y profundo retroceso.