El desmantelamiento del Plan ENIA: la política pública que logró bajar el embarazo adolescente y hoy está paralizada

Durante varios años, Argentina fue puesta como ejemplo en la región por un logro que parecía difícil de alcanzar: reducir de manera drástica los embarazos adolescentes. Entre 2017 y 2023, la cantidad de nacimientos de madres adolescentes cayó más de un 50%, gracias a una política pública específica: el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que se centró en la problemática del embarazo adolescente.

El programa atravesó tres gobiernos distintos y mostró resultados concretos. Sin embargo, en abril de 2024, tras un anuncio oficial que hablaba de un supuesto “rediseño”, el plan quedó prácticamente desmantelado. Hubo despidos masivos, recortes presupuestarios y se frenó la distribución de anticonceptivos en gran parte del país.

El Plan ENIA comenzó a implementarse en 2018 en doce provincias donde los índices de embarazo adolescente eran especialmente elevados: Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, buscando reducir el embarazo adolescente de manera efectiva.

Los resultados fueron contundentes. Mientras que en 2017 la tasa nacional de fecundidad adolescente era de 27,4 nacimientos cada mil mujeres, en 2023 había descendido a 11,5, una caída del 58%, reflejando el éxito de las medidas contra el embarazo adolescente.

Algunas provincias mostraron mejoras aún más pronunciadas. En Jujuy, por ejemplo, la tasa pasó de 28,5 a 7,5. En Tucumán, bajó de 31,6 a 11,7.

La situación cambió radicalmente durante 2024. Cerca del 80% del personal del programa fue desvinculado, lo que implicó la salida de 619 trabajadores que realizaban tareas territoriales.

Al mismo tiempo, el presupuesto destinado al plan sufrió una reducción cercana al 85% entre 2023 y 2025, mientras que la distribución nacional de métodos anticonceptivos y preservativos dejó de funcionar con normalidad.

Para la trabajadora social Natalia Gualdoni, especialista en salud sexual y reproductiva adolescente, el éxito del ENIA radicaba en que fortalecía herramientas que ya existían.

“El gran hallazgo fue potenciar políticas como la Educación Sexual Integral y el acceso a la salud sexual”, explica.

Según relata, los asesores del programa funcionaban como un puente permanente entre las escuelas y los centros de salud. Visitaban establecimientos educativos durante parte de la semana y luego trabajaban en hospitales y centros sanitarios, facilitando consultas, asesoramiento y turnos protegidos para adolescentes.

Uno de los principales problemas que dejó la desaparición del programa es el impacto desigual en las distintas regiones del país. Gualdoni sostiene que el ENIA garantizaba que todas las provincias recibieran anticonceptivos en igualdad de condiciones. Sin ese esquema, cada distrito debe arreglárselas por su cuenta.

Las provincias con mayores recursos pueden sostener parte de la cobertura, pero las más pobres enfrentan mayores dificultades para comprar los insumos necesarios. Por eso, las regiones del Noreste (NEA) y del Noroeste (NOA) aparecen entre las más vulnerables frente al nuevo escenario.

A esto se suma una advertencia realizada por Amnistía Internacional en marzo de 2026: durante 2025 el Estado nacional no distribuyó preservativos, justamente en un contexto en el que los casos de sífilis alcanzaron niveles récord.

Los especialistas coinciden en que existe una fuerte relación entre las condiciones socioeconómicas y las tasas de embarazo adolescente. “Siempre hay una relación directa entre pobreza y embarazo adolescente”, afirma Gualdoni.

Según explica, cuanto mayores son los niveles de vulnerabilidad social, más frecuentes son estos embarazos. A su vez, la maternidad temprana suele derivar en abandono escolar y dificultades para acceder posteriormente al mercado laboral.

Los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) reflejan esa realidad: apenas el 38% de las adolescentes que son madres logra terminar la escuela secundaria.

Sin embargo, algunos investigadores plantean que la problemática es más compleja de lo que suele mostrarse en los debates públicos. La socióloga Malvina Silba, investigadora del CONICET especializada en maternidades juveniles en sectores populares, sostiene que no todos los embarazos adolescentes son necesariamente accidentales o no deseados.

Según explicó al portal El Auditor, durante su trabajo de campo encontró numerosos casos de jóvenes que manifestaban haber buscado conscientemente convertirse en madres.

En su libro Historias de mamás luchonas. Maternidades juveniles, entre el mandato y el deseo, aparecen testimonios de adolescentes que expresaban claramente ese deseo.

Para Silba, muchas veces esas decisiones están atravesadas por contextos de vida muy diferentes a los de otros sectores sociales. Algunas jóvenes asumen responsabilidades de cuidado desde edades muy tempranas y ven la maternidad como una forma de construir un proyecto propio o independizarse de sus familias.

No obstante, advierte que esas expectativas muchas veces chocan con la realidad y terminan generando nuevas situaciones de dependencia o vulnerabilidad. Para la investigadora, el desafío principal no pasa por crear nuevas normas sino por garantizar la aplicación efectiva de las que ya existen.

Entre ellas menciona la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), la legislación sobre derechos sexuales y reproductivos y las normas que garantizan el acceso a ligaduras tubarias y vasectomías.

También señala que persisten resistencias dentro del propio sistema de salud. Como ejemplo, recuerda casos de mujeres que debieron pedir autorización a sus parejas para acceder a una ligadura tubaria, pese a que la ley no exige ese requisito.

Tanto para Silba como para Gualdoni, uno de los principales aprendizajes que dejó el ENIA es que la coordinación entre salud, educación y protección social no surge de manera espontánea. Requiere equipos, recursos y financiamiento. “El trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado no ocurre por sí solo. Hay que sostenerlo y financiarlo”, resume Gualdoni.

Por ahora, las estadísticas todavía no muestran un eventual rebote en los embarazos adolescentes. Pero eso no significa que no esté ocurriendo. Los especialistas recuerdan que los datos oficiales suelen publicarse con alrededor de un año y medio de demora.

Por eso, advierten que los efectos reales del desmantelamiento del Plan ENIA podrían empezar a verse recién en los próximos años, cuando las cifras terminen de reflejar los cambios producidos desde 2024.