Nicaragua. Familiares de opositores presos instan a gobiernos a interceder para “salvar vidas”.
“Esos Gobiernos que tienen interlocución con el régimen de Ortega, que se reúnen para hablar de economía, de comercio, del (Sistema de Integración Centroamericana) SICA, por ejemplo, que también se reúnan para hablar e interceder por las personas presas políticas”, clamó en rueda de prensa virtual Berta Valle, esposa del opositor preso Félix Maradiaga, informó la agencia de noticias AFP.
“¿Cómo es posible que se deje de un lado esta crueldad que están viviendo las personas presas políticas? Los derechos humanos deben estar al centro de toda política económica”, agregó Valle desde Miami, donde vive exiliada junto a su hija y su suegra.
Maradiaga, que se hizo famoso por denunciar los supuestos abusos del presidente Ortega ante el Consejo de Seguridad de la ONU en 2018, fue arrestado en 2021 tras anunciar su interés de competir con el dirigente sandinista por la Presidencia. Fue condenado a 13 años cárcel e inhabilidad de ocupar cargos públicos, por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad.
El 21 de junio inició una huelga de hambre para exigir el fin de la detención bajo el régimen de incomunicación.
Según el grupo Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua hay 182 opositores detenidos, de los cuales 46 fueron arrestados el año pasado, entre ellos siete exaspirantes a la Presidencia que pretendían competir contra Ortega en las elecciones de noviembre.
De los opositores presos, al menos 45 fueron condenados a hasta 13 años de prisión por “menoscabo a la integridad nacional” y otros delitos. Ortega les acusa de atentar contra la estabilidad del país con el apoyo de Estados Unidos.
Tras gobernar el país hasta 1990, Ortega regresó al poder en 2007 y en noviembre ganó un cuarto mandato consecutivo, con la mayoría de sus detractores y rivales presos o exiliados.
El país centroamericano vive envuelto en una crisis sociopolítica que se inició en 2018, cuando Ortega mandó a reducir las masivas manifestaciones contra su Gobierno con ataques armados que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó 355 muertos ese año, de los cuales el presidente reconoció 200.