Internacionales. El Helicoide: del sueño arquitectónico al infierno de la represión que aún sigue vigente en Venezuela.

Desde los años 80, cuando se convirtió en sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), esta estructura en forma de espiral en Caracas dejó atrás sus sueños de modernidad. Bajo los gobiernos de Hugo Chávez y, sobre todo, de Nicolás Maduro, se transformó en uno de los principales centros de detención de opositores políticos y activistas.

Organizaciones de derechos humanos vienen documentando que El Helicoide funciona como un centro de detención donde se produjeron detenciones arbitrarias, torturas, tratos inhumanos y violaciones sistemáticas de las garantías procesales. En muchos casos, las personas son llevadas directamente desde sus casas o protestas sin orden judicial clara y mantenidas en condiciones de aislamiento e incomunicación.

La lógica de represión también alcanzó a figuras históricas. Uno de los casos más resonantes fue el del general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa y aliado clave de Chávez en 2002, quien terminó detenido en El Helicoide y falleció mientras estaba bajo custodia en 2021. Su muerte sigue siendo citada como símbolo de la brutalidad que pueden enfrentar incluso antiguos miembros del propio régimen.

Hoy, cualquier venezolano o venezolana que manifieste disconformidad con el gobierno o simplemente sea señalado por funcionarios o grupos alineados con el chavismo puede ser llevado a este centro de detención.

Organizaciones nacionales e internacionales denuncian de manera persistente que las condiciones dentro del Helicoide incluyen hacinamiento extremo, falta de acceso regular a atención médica y procesos judiciales irregulares.

La historia de El Helicoide no termina con el abandono de una obra inacabada: se convirtió en un símbolo de represión y de las graves violaciones de derechos humanos que persisten en Venezuela.

Mientras grupos de derechos humanos, familiares de detenidos y organizaciones civiles siguen denunciando estas prácticas, las autoridades venezolanas no se dignaron a adoptar medidas significativas para garantizar justicia y transparencia en el funcionamiento de este emblemático edificio.

Este edificio, que una vez aspiró a ser un hito del desarrollo urbano, hoy representa para muchos venezolanos “el infierno en la tierra”: un lugar donde el disenso político puede significar detención, tortura o desaparición, y donde las reglas del debido proceso a menudo son suspendidas.