Universidades, ajuste y una pregunta incómoda: ¿La educación pública todavía garantiza movilidad social?

La pelea entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sigue sumando tensión, y el eje de la discusión es el presupuesto. De un lado, la Casa Rosada insiste en que el equilibrio fiscal no se negocia y cuestiona cómo se administran los fondos universitarios, apuntando a manejos poco transparentes y a un uso “discrecional” de la autonomía universitaria. Del otro, rectores, docentes y estudiantes denuncian que el recorte presupuestario está dejando a las universidades al borde de la asfixia financiera.

En ese contexto, las marchas universitarias que se realizaron en distintas ciudades del país fueron multitudinarias y mezclaron perfiles muy diversos. Hubo dirigentes políticos y sectores interesados en sacar rédito de la protesta, pero también muchísima gente común que salió a defender algo mucho más profundo: la idea de que la universidad pública sigue siendo una herramienta clave para progresar socialmente.

Y no es una idea caprichosa. Durante décadas, miles de familias argentinas lograron mejorar su situación económica gracias a hijos que pudieron estudiar gratis en universidades estatales y conseguir un título profesional. Esa historia forma parte del ADN social argentino.

Sin embargo, detrás del debate aparece una pregunta incómoda: ¿La universidad pública todavía funciona realmente como ascensor social?

Para responderla, primero hay que mirar qué pasa antes de llegar a la facultad. Según datos oficiales de la Secretaría de Educación publicados por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), en 2024, apenas el 59% de los jóvenes logró terminar la secundaria a los 18 años. Pero el problema no termina ahí: de ese grupo, menos del 18% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en lengua y matemática.

Traducido en números más simples, apenas uno de cada diez jóvenes argentinos termina el secundario en tiempo y forma con los conocimientos necesarios para afrontar una carrera universitaria con chances reales de éxito.

El dato deja en evidencia un problema enorme: nueve de cada diez chicos abandonan la escuela o llegan al final con serias falencias educativas. Entonces, incluso si las universidades funcionaran de manera impecable, su impacto en la movilidad social seguiría siendo limitado porque la mayoría de los jóvenes ni siquiera llega preparada para aprovecharlas.

Además, hay otro dato que incomoda: gran parte de los estudiantes que sí llegan bien preparados para la universidad provienen de escuelas privadas y de familias de clase media o media alta. Es decir, quienes más aprovechan el sistema universitario gratuito suelen ser quienes ya arrancan con cierta ventaja.

Las causas de esta crisis educativa son muchas, pero uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con cómo está organizado el sistema. Hay quienes sostienen que los estatutos docentes quedaron completamente desactualizados y que la burocracia terminó aplastando cualquier incentivo al mérito o al esfuerzo.

Muchos docentes sienten que da lo mismo comprometerse o no, porque no existe reconocimiento real —ni económico ni profesional— para quienes logran mejores resultados con sus alumnos. A eso se suman escuelas deterioradas, exceso de trámites administrativos y una fuerte resistencia a medir públicamente el rendimiento educativo. Todo eso, según distintas voces, termina consolidando el deterioro del sistema.

En medio de este panorama también aparece el debate sobre el federalismo educativo. Aunque la educación básica depende de las provincias, históricamente el Estado nacional intervino de distintas maneras. Por ejemplo, mediante la paritaria docente nacional, aun cuando los salarios los pagan las provincias. También a través de programas nacionales que, según sus críticos, terminan multiplicando el gasto y desdibujando responsabilidades.

Desde el Gobierno nacional aseguran que comenzaron a ordenar esa situación. Uno de los cambios más importantes fue la eliminación de la paritaria nacional docente. Además, plantean que la Nación debería enfocarse más en medir y difundir resultados educativos y en modernizar herramientas sociales como la Asignación Universal por Hijo.

La idea oficial es simplificar controles, digitalizar trámites y generar incentivos más claros para que las familias sostengan la escolaridad de sus hijos y eviten el abandono escolar.

Mientras tanto, el conflicto universitario sigue abierto. Pero detrás de la discusión por los fondos aparece un problema mucho más profundo: una educación básica que hace años viene dejando afuera a millones de chicos antes incluso de que tengan la posibilidad de pisar una universidad.