Autorizaron a nueve provincias a otorgar concesiones de obras públicas en rutas nacionales mediante peajes
El Gobierno habilitó este viernes a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales situados en sus respectivos territorios a través del sistema de obra pública por peaje.
La medida que fue confirmada esta madrugada a través del Decreto 253/2026, publicada en el Boletín Oficial, apunta a agilizar la gestión de la infraestructura vial y fortalecer el rol de las jurisdicciones en el sistema federal.
Las provincias alcanzadas por la disposición son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. En esa línea, indicaron que estas jurisdicciones podrán encargarse de la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los caminos, sin que ello implique la transferencia del dominio público ni la jurisdicción federal.
De este modo, la normativa habilita a las provincias a llevar adelante todo el proceso de concesión: desde la elaboración de pliegos y convocatoria a licitación, hasta la adjudicación y firma de contratos con empresas concesionarias.
Estos procedimientos deberán respetar principios de transparencia, publicidad, concurrencia y equilibrio económico-financiero. Además, para ejercer estas competencias, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que mantendrá la supervisión y auditoría de los contratos.
Uno de los puntos clave de la medida establece que los ingresos obtenidos por peajes deberán destinarse exclusivamente a la obra o mantenimiento del tramo concesionado, sin posibilidad de ser utilizados en otros proyectos, aunque estén vinculados.
Además, se fijan plazos concretos: las provincias tendrán hasta un año para iniciar el proceso licitatorio y, una vez adjudicado, deberán firmar el contrato y otorgar la posesión en un máximo de 90 días hábiles.
El esquema previsto por el Gobierno establece que la delegación será temporal, funcional, limitada y revocable. En caso de incumplimientos o si el contrato se extingue, el Estado nacional podrá retomar la gestión de los tramos viales.
Asimismo, la Dirección Nacional de Vialidad será la encargada de controlar la ejecución de las concesiones, evaluar la viabilidad técnica y económica de los proyectos y garantizar su compatibilidad con otros planes de infraestructura.
Por último, desde el Ejecutivo detallaron que la iniciativa busca optimizar la infraestructura vial, mejorar la seguridad en el transporte y dotar a las provincias de herramientas para gestionar obras mediante esquemas de financiamiento como el peajeapunta a agilizar la gestión de la infraestructura vial y fortalecer el rol de las jurisdicciones en el sistema federal.
FUENTE : CRÓNICA