Gobierno nacional. El presidente Fernández garante de las mujeres ante conflictos armados.

El Gobierno aprobó segundo plan para garantizar protección de mujeres en conflictos armados

El Gobierno oficializó hoy la aprobación del “Segundo Plan Nacional de Acción de la República Argentina para la Implementación de la Resolución N° 1325/2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” que apunta a “garantizar la protección de las mujeres en situaciones de conflicto armado” y a “incrementar su participación en todas las iniciativas de paz y seguridad”, se publicó en el Boletín Oficial.

Lo hizo mediante el Decreto 658/2022 firmado por el presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero.

El Segundo Plan tendrá vigencia hasta el 2025 y entre sus objetivos figuran: Incrementar la presencia de mujeres en las misiones de paz y de asistencia humanitaria y su participación en sus órganos de toma de decisión así como incrementar la participación política de las mujeres en los procesos de negociación de paz.

Esto, con especial énfasis en la mediación, el manejo de conflictos y posconflicto y en los espacios de toma de decisiones en cada uno de sus ámbitos.

El segundo plan busca además promover la transversalización de la perspectiva de género en todas las actividades de construcción de la paz, incluyendo las actividades para el desarme, la desmovilización, la reintegración y la asistencia humanitaria.

Además protege los derechos humanos de las mujeres y niñas en toda su diversidad y personas LGBTIQ+ en países en conflicto, posconflicto (incluyendo campos de personas refugiadas y en situación de desplazamiento) y en situaciones adversas producto de pandemia y pospandemia, la pobreza y el hambre, especialmente frente a la violencia basada en género y violencia sexual, promoviendo un ambiente de seguridad y bienestar.

En tanto, la Resolución N° 1325 (2000) reconoce la importancia de incorporar la perspectiva de género y la participación equitativa de las mujeres en todas las iniciativas de paz y seguridad.

Asimismo, demanda acciones específicas a la Secretaría General de Naciones Unidas, a las partes en conflicto y a los estado miembro para lograr el aumento de la representación de las mujeres en niveles de toma de decisión en la prevención; la protección y atención a necesidades específicas de mujeres y niñas en el marco del conflicto.

También apunta a la inclusión de la perspectiva de género en procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y el apoyo a las iniciativas de paz de las mujeres.