Cambios en el Portal de Transparencia: cómo el Gobierno de Córdoba restringe el acceso a la información pública.

Hasta el 30 de junio, cualquier ciudadano podía entrar al Portal de Transparencia del Gobierno de Córdoba y buscar, por ejemplo, cuánto cobraba de pauta oficial una consultora que había difundido una encuesta sobre imagen de candidatos -que incluía a funcionarios actuales, como Martín Llaryora.

Eso permitía saber qué hay detrás de las encuestas y los encuestadores, pero también cómo se usan fondos oficiales para fines electorales.

Este es sólo un ejemplo. Cualquier persona tiene derecho legal a acceder a esa y a cualquier otra información relacionada con la gestión de gobierno. Pero a partir del 1 de julio,es casi imposible hacerlo, desde que Córdoba cambió su Portal de Transparencia.

Pero ahora, ni eso. Ya no existe ese buscador específico y -además de transferencias a municipios y sueldos- sólo es posible acceder a gastos por jurisdicción (por ejemplo, Ministerio de Vinculación Comunitaria). Desde allí se listan los distintos programas relacionados con esa gestión. Al cliquearlos se despliega un listado de cientos o miles de supuestos comprobantes, que no tienen ningún detalle relacionado con lo que se está pagando (antes había un ítem “observaciones”), pero lo más llamativo: no tiene el nombre del proveedor.

Sólo se muestra un número de CUIT, lo que vuelve extremadamente difícil -si no imposible- hallar lo que se busca. Encontrar un nombre implicaría revisar en otros portales cada número de CUIT, lo que demandaría horas o días en algunos casos, según la cantidad entre la que hubiera que buscar.

El acceso se vuelve más opaco para la ciudadanía y sólo podrán conseguir esos datos quienes se especialicen en dichas búsquedas. También se complicará realizar investigaciones como las siguientes, hechas con base en datos públicos:

• Aviones del Gobierno de Córdoba: en 2025 hubo 8 vuelos sanitarios y al menos 65 de funcionarios, incluido Llaryora
• «Likes» bajo sospecha: la maquinaria de seguidores falsos de los gobernadores
• En la previa de las elecciones, Llaryora entregó al menos $ 1.994 millones en subsidios

¿Por qué este cambio que restringe el derecho al acceso a la información? ¿Es permanente o está en período de pruebas? ¿Se consultó a alguna ONG especializada en rendición de cuentas?

El Gobierno fue consultado, pero no respondió a ninguna pregunta ni difundió ningún comunicado relacionado con esto.

El derecho al acceso a la información de la ciudadanía está contemplado por la ley provincial 8803; además del Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 19.1 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, Art. 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)” y Art. 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Desde la oposición también encendieron alertas y presentaron un pedido de informes en la Legislatura provincial: el legislador del PRO, Oscar Agost Carreño, se preguntó: “¿Qué pasó con el Portal de Transparencia de Córdoba? Los cordobeses merecemos saber qué cambió, por qué se modificó y si las herramientas que facilitaban el control del gasto público volverán a estar disponibles”.

Agost Carreño también presentó un proyecto para crear el Sistema Provincial de Transparencia y Comprensión Presupuestaria, “con un Presupuesto Ciudadano, lenguaje claro y datos abiertos para que cualquier persona pueda entender cómo se administran los recursos públicos”.

Desde el radicalismo, la diputada Alejandra Ferrero señaló: “La transparencia NO se pierde de un día para otro. También retrocede cuando el Estado elimina herramientas que permitían controlar los gastos. El nuevo Portal de Transparencia de Córdoba ya NO permite buscar pagos por proveedor ni acceder a las facturas”.

“Cuando se dieron cuenta que el portal de transparencia era transparente lo modificaron. Martín Llaryora en estado puro”, dijo Elisa Caffaratti, concejala por la UCR.