La nueva medida del Gobierno para frenar el uso de celulares en cárceles y evitar estafas y otros delitos
El Gobierno autorizó este lunes la instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos de detección y bloqueo de celulares en cárceles federales, con el objetivo de impedir el uso indebido de equipos de comunicación móvil en el interior de las prisiones.
De acuerdo con la Resolución 336/2026 publicada en el Boletín Oficial, los aparatos permitirán la detección y bloqueo de IMEI/IMSI. «Resulta imprescindible adoptar las medidas necesarias para impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas», señaló el texto.
«Esto exige reforzar las estrategias institucionales destinadas a prevenir, disuadir y neutralizar tales conductas intramuros vinculadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones que pongan en riesgo la seguridad pública», agregó la disposición del Ministerio de Seguridad.
Cómo funciona el sistema
En cuanto a la detección y bloqueo de IMEI/IMSI, el primero es un número único que indica el tipo de dispositivo móvil o hardware, mientras que el segundo sirve para identificar de forma única a todos los suscriptores de teléfonos móviles de la Asociación del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSMA).
Para concretar el funcionamiento de los dispositivos, se pidió instruir a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dependiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, para que realice los trámites administrativos necesarios para la adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de la tecnología requerida, «a fin de adoptar todos los ajustes técnicos tendientes a evitar que se afecten las áreas exteriores al sitio en el que se instalen».
A su vez, se aprobó el Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo De IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales.
En los últimos días trascendió el caso de los jueces Juan Eduardo Stepaniuc y Luis Cayuela, de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, que fueron víctimas de una banda de estafadores que operaba desde la cárcel de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Los delincuentes, entre ellos un preso reincidente que cumple una condena única a diez años de prisión, se hacían pasar por empleados de una empresa de correo privado y de una compañía telefónica para robar las cuentas de WhatsApp de los magistrados, y después pedir a los contactos agendados dinero a su nombre.
FUENTE CRÓNICA