Juicio por YPF: Estados Unidos apoyó a Argentina y pidió rechazar los reclamos de sanciones que enfrenta
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos respaldó a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, con un escrito presentado ante la jueza Loretta Preska.
En un documento de 29 páginas, el organismo estadounidense pidió que se rechace el planteo de sanciones y desacato impulsado por los demandantes.
Además, advirtió que los litigios contra Estados soberanos en tribunales de su país pueden tener un impacto directo en la política exterior de Estados Unidos y afectar el principio de reciprocidad con el que luego es tratado el propio gobierno norteamericano en otras jurisdicciones.
La presentación remarcó también que la Argentina realizó esfuerzos sustanciales para cumplir con las órdenes de discovery orientadas a obtener comunicaciones de altos funcionarios vinculados a entidades estatales, aunque aclaró que ese tipo de requerimientos resulta incompatible con los principios de cortesía internacional que rigen en los procesos contra Estados soberanos.
En ese contexto, el Departamento de Justicia sostuvo que la solicitud de los demandantes para aplicar sanciones de preclusión, inferencias adversas y multas por desacato no se ajusta ni a esos principios ni al régimen de inmunidad soberana, por lo que debe ser rechazada.
Desde la Procuración del Tesoro destacaron que el respaldo del gobierno estadounidense «pone de relieve la solidez técnica y jurídica» de las presentaciones efectuadas por el Estado argentino. También señalaron que, durante más de dos años, el país cumplió de buena fe con el proceso de intercambio de pruebas y entregó más de 115.000 páginas de documentación.
«A pesar del amplio acceso a la información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respalde sus acusaciones», afirmaron.
El Gobierno valoró el apoyo de EEUU por YPF
El apoyo de Estados Unidos fue celebrado en Argentina por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno.
«Y para cerrar un día histórico en el Congreso más reformista de la historia, en una instancia clave del juicio por YPF, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha presentado esta tarde ante el tribunal de Loretta Preska en apoyo a la posición de la República Argentina frente al pedido de sanciones efectuado por los demandantes», escribió en su cuenta oficial de X.
El conflicto por el pedido de desacato
La controversia se concentra en la etapa de discovery. Los beneficiarios del fallo, encabezados por el fondo Burford Capital, sostienen que la Argentina incumplió de manera sistemática las órdenes de la jueza Preska y solicitaron que el país sea declarado en desacato (contempt of court).
En ese marco, reclamaron la aplicación de una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta que se entregue la información requerida, que incluye comunicaciones privadas de funcionarios y datos sobre activos soberanos.
El planteo fue presentado a comienzos de este año, luego de denunciar una supuesta conducta de mala fe por parte de la defensa argentina.
El fondo exige, en particular, la producción de información denominada off-channel, es decir, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos personales de exfuncionarios y funcionarios en actividad, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo y el exministro Sergio Massa.
Según los demandantes, el Estado habría utilizado maniobras dilatorias para impedir la identificación de activos embargables que permitan ejecutar la sentencia por 16.100 millones de dólares.
Además de la multa diaria, Burford solicitó una orden de preclusión para que el tribunal tenga por acreditado que el Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF actúan como «alter ego» del Estado, lo que habilitaría el eventual embargo de sus activos.
Para los fondos demandantes, una sanción de un millón de dólares por día -que, sumada a los intereses del fallo principal, elevaría el costo diario del litigio a unos 4 millones de dólares- es la única herramienta capaz de forzar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
FUENTE : CRÓNICA