Destituyeron a la jueza de La Rioja que había pedido coimas para acelerar una sucesión

La jueza Norma Abate de Mazzucchelli, presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, fue destituida tras ser condenada por un jury de enjuiciamiento por mal desempeño, conducta lesiva a los intereses de la sociedad e indignidad moral. Se le imputó por exigir una coima de 8 millones de pesos a una familia para agilizar una sucesión.

La denuncia fue revelada en un informe de Telenoche a mediados de mayo. Según la investigación, Abate de Mazzucchelli solicitó a una comerciante 8 millones de pesos para acelerar los trámites de una sucesión sin testamento y liberar un pago correspondiente a la herencia de su tío fallecido hace cuatro años.

En un video grabado sin su conocimiento, la jueza se quejaba de los bajos salarios y pedía “lo que cobraron ellos”, en referencia a los honorarios de los abogados involucrados en la sucesión.

La comerciante relató que la jueza la visitó poco después del primer encuentro para informarle que podría tener los oficios al día siguiente, lo que llevó a una tercera reunión en la que Abate de Mazzucchelli le solicitó dinero como “reconocimiento” por su trabajo en el expediente, que se incluiría en los honorarios de la abogada.

Durante esta reunión, la jueza le preguntó directamente: “¿Cuánto creés que podés (pagar)? Acá no fueron los abogados”. Luego, insinuó que regularía honorarios para la abogada que también serían para ella.

Después, Abate de Mazzucchelli escribió un “8” en un papel para exigir la suma y negoció con la comerciante cuánto estaba dispuesta a pagar.

Tras la difusión del escándalo, Abate de Mazzucchelli renunció ante la Secretaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, pero la renuncia no fue aceptada. Posteriormente, el fiscal provincial Luis González Aguirre, tras verificar un “relato preciso y congruente” de la denunciante, ordenó su protección e imputó a la jueza por infringir el artículo 266 del Código Penal sobre ética en la función pública.

Finalmente, la exjueza fue condenada en un jury de enjuiciamiento. Además, formaba parte de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, que decidió suspenderla de su cargo como vicepresidenta y socia tras el escándalo.