Lesa Humanidad. Inspeccionarán ex centro clandestino de Corrientes con víctimas de la dictadura
El TOF correntino, integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Juan Manuel Iglesias y Eduardo Ariel Belforte, realizará este miércoles desde las 9 una inspección ocular al inmueble que fue reconvertido en Espacio de la Memoria en el exRI9, luego de haber sido utilizado como un campo de concentración por la última dictadura.
La visita se realizará con víctimas que fueron secuestradas en ese lugar, según confirmaron hoy fuentes judiciales.
El debate del décimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en Corrientes comenzó el 7 de agosto y, luego de la audiencia de mañana, continuará con las rondas testimoniales previstas para los días 13, 19, 26 y 27 de septiembre.
– También se realizarán otras inspecciones visuales en sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención y exterminio de presos políticos bajo la supervisión de la Séptima Brigada de Infantería del Ejército entre los años 1976 y 1983. Fuentes del caso indicaron a Télam que los sitios que se realizarán Se puede recurrir a la Jefatura Provincial de Policía, donde funcionaba la Jefatura de Policía y la cárcel de mujeres Instituto Pelletier.
Los imputados en este proceso son el excomandante de la VII Brigada de Infantería, Alfredo Carlos Farmache; el ex asistente de Inteligencia de la División II, Eduardo Antonio Cardozo; el excoronel del Regimiento de Infantería 9, Abelardo Carlos de la Vega; el exteniente 1° de la Unidad Regimiento 9, Raúl Horacio Harsich; el exsargento auxiliar y exasistente de Inteligencia de Gendarmería, Pedro Armando Alarcón.
También el excomandante de Gendarmería Nacional, Abelardo Palma; el exjefe de la Oficina de Inteligencia del Cuartel General de Comandos y Servicios de Compañía del Regimiento de Infantería N° 9, Juan Carlos De Marchi; el ex oficial de Inteligencia de la Compañía de Comandos y Servicios del Regimiento de Infantería N° 9, Horacio Losito; y el exjefe de Gendarmería Nacional, Raúl Alfredo Reynoso.
La Séptima Brigada intervino en el esquema organizativo de la represión ilegal durante la dictadura en esta región, como jefa de la subzona 23 -escenario de los hechos que se juzgan-, dentro del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.
En ese contexto, se registraron un total de 104 víctimas, entre las que se encuentran dos homicidios y los casos de dos niños privados de su libertad junto a sus madres, entre otros presuntos delitos como secuestro y tortura.