Virginia Creimer, la médica legista preocupada por una ciencia forense de “perfil social”
“Cuando estudiaba yo tenía decidido ser cirujana, pero todavía no sabía que sería además médica legista”, cuenta en una entrevista con Télam en su oficina la actual directora de la Asesoría Pericial de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
En su decisión de especializarse en cirugía pediátrica reparadora fue decisiva una charla con su madre a sus 17 años, a propósito de un caso que llevaba como directora del Patronato de Menores: el de una niña de 5 que había sobrevivido a un ataque a hachazos pero también a la falta de atención médica que se evidenciaba en la cicatrización natural de sus heridas con fracturas expuestas.
“No se murió porque tuvo suerte, pero esa criatura tenía la vida arruinada, y por eso mi mamá fue a ver al doctor Yuri -que era el cirujano plástico más importante- para pedirle que, como retribución por lo que la sociedad le había dado, le devolviera una cara a la niña”, dijo Creimer, diplomada en Psicología Jurídica y Forense, y magister con especialización en educación superior.
La nena tuvo su cirugía y Creimer una mayor claridad vocacional. Otra niña, ya en su consultorio, la llevaría a incursionar en la medicina tras contarle que había sido abusada sexualmente.
“Frente a la incapacidad que yo siento de reparar el daño que había sufrido, decido que la cirugía ya no me alcanza, que necesito ayudar a la gente desde otro lugar y ahí es donde empiezo a perfilarme para el área de la medicina legal, que en esa época estaba casi restringida a autopsias y eran pocas las mujeres”, contó esta docente y escritora.
Emprendió entonces una búsqueda personal en función de “darle un perfil totalmente social a la especialidad para responder al sufrimiento en las infancias”, pero una vez que comenzó a trabajar en la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de La Plata se encontró “con muchos casos de violaciones a los derechos humanos” en cárceles.
“Así descubro el que sería el primer caso de torturas en democracia probado a través de la ciencia forense, el de Cristian López Toledo, que había sido picaneado en la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata en 2004 con las mismas metodologías de la dictadura, pero eso a mí me cuesta el trabajo”, contó.
Es que Creimer convenció a la fiscal de solicitar una biopsia de piel a la víctima que permitió identificar lesiones por pasaje de corriente eléctrica
“En 20 años de democracia todavía no se había probado a nivel pericial ninguna tortura a pesar de todos los muertos por casos de gatillo fácil, por eso fui tan molesta y por eso me echaron sin avisarme. Se estaban asegurando que nadie más investigara”, dijo.
Dos meses después, la médica fue convocada a trabajar al Ministerio Público bonaerense cuya titular, la procuradora general María del Carmen Falbo, le pidió su parecer sobre un equipamiento de genética que había sido donado en Junín.
“Sugiero mandarlo al único laboratorio de ciencia forense, que estaba en Lomas de Zamora, pero ella me dice que no se puede trasladar y entonces le digo ‘si usted me autoriza, yo armo un proyecto de laboratorios regionales para la provincia’ que con algunas modificaciones sigue hasta hoy”, sostuvo.
Es que la medicina legal es solo una de las ciencias forenses que agrupan a todas las disciplinas que aplican métodos y técnicas científicas al examen de escenas, personas y objetos relacionados con un delito para reconstruirlo con detalle y señalar sus autores: dactiloscopia, toxicología, criminalística, balística, odontología, genética y psicología forense, entre otras.
Actualmente, además del de Lomas existen otros tres institutos forenses provinciales (Junín, La Plata y San Isidro) y dos laboratorios periciales (Azul y Mar del Plata).
“Mi objetivo era dividir la provincia en cuatro áreas y que cada una estuviera especializada en una materia específica, porque hacen falta no sólo equipamientos costosísimos sino también talentos humanos muy formados”, contó.
En función del proyecto, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales le pide a Creimer que lo amplíe a nivel país, por lo que los laboratorios regionales dieron lugar a la Red Nacional de Ciencias Forenses de la que la médica fue directora y permite a jueces y fiscales ordenar peritajes en su jurisdicción sin depender de las fuerzas de seguridad o laboratorios privados.
Posteriormente, la legista fue convocada por la entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó para integrar la Dirección de Asesoramiento Técnico de Fiscales (Datif) desde donde realizó el examen al represor Miguel Etchecolatz para determinar si estaba en condiciones del beneficio de la prisión domiciliaria en 2016.
En base a su informe, la Justicia se lo denegó pero la defensa la denunció por “torturas”.
“Uno de los máximos torturadores me había denunciado a mí por torturas por haber querido realizarle un tacto rectal, la única manera de evaluar una de las patologías que el defensor aducía para mandarlo a casa, que era una tumoración prostática. Afortunadamente la fiscal archivó la causa”, contó.
Al poco tiempo le tocó atravesar uno de los momentos más angustiantes de su vida cuando encontró “un cuchillo de carnicero ensangrentado” introducido en la cerradura de su casa y sin saber “si la sangre que chorreaba” era de su hija adolescente que estaba durmiendo adentro.
“Me di cuenta que si el Estado no me protegía, mi lugar era otro y renuncié para crear la Consultora Pericial de Ciencias Forenses como espacio privado”, recordó.
Se trata de un equipo interdisciplinario capacitado para intervenir como perito de parte en causas activas, pero que además ofrece asesoramiento y acompañamiento terapéutico, cursos y pasantías; con especialización en violencia institucional, de género y contra las infancias.
“El denominador común de estas violencias es un Estado que mira para el costado o que es partícipe directo de la violación de los derechos humanos, y unas víctimas absolutamente vulnerables, como son las mujeres en situación de violencia, les niñes y las personas privadas de su libertad”, dijo.
Creimer participó en causas emblemáticas de gatillo fácil como la de Luciano Arruga y Facundo Astudillo Castro, pero también en la investigación de femicidios como los de Lucía Pérez y Daiana Abregú; y de violencia contra las infancias en abusos sexuales a los hijos de la madre protectora Andrea Vázquez.
La médica es autora de una versión modificada del protocolo para muertes bajo custodia (Minesotta), que adecuó a casos de violencia machista, que hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta el contexto de las personas evaluadas.
“Circunscribir las ciencias forenses a un laboratorio debería rozar la mala praxis, porque cada cuerpo viene con su historia y, si no la conozco, no puedo hacer el diagnóstico. Por eso el protocolo indaga sobre la existencia de denuncias previas o de violencias advertidas por la familia”, dijo.
“Una pericia mal hecha en un caso de femicidio o violencia de género puede dejar libre a un femicida para que siga matando mujeres”, concluyó.
Creimer coordina además el área de Asesoramiento Pericial de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el servicio de Medicina Legal del Hospital San Martín de La Plata y el Centro Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.