DDHH, Salta. Perpetua para un expolicía federal por el homicidio de un abogado en el marco del Plan Cóndor.
Fuentes del Ministerio Público Federal informaron hoy que la sentencia coincidió en todos sus términos con el pedido realizado en los alegatos por el fiscal general Carlos Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta.
Los miembros del tribunal Gabriela Catalano, Federico Santiago Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz determinaron que los delitos son crímenes de lesa humanidad y que, en este caso, fueron cometidos en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.
La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del abogado Gastón Casabella, había alegado en el mismo sentido que la fiscalía.
La detención y la desaparición de Medina Ortiz ocurrieron el 10 de octubre de 1975, en la casa que ocupaba, en la calle Mendoza 1511, en el macrocentro de la ciudad de Salta.
La fiscalía consideró acreditado que Medina Ortiz fue secuestrado de su domicilio por efectivos que estuvieron al mando de Alzugaray, entre quienes había agentes de fuerzas bolivianas y sostuvo que “desde esa noche el abogado se encuentra en calidad de detenido desaparecido”.
La fiscalía destacó este hecho, ya que se trató de un “objetivo” del plan sistemático de represión ilegal que se aplicó a la población civil, en este caso de alcance trasnacional, implementado en la década de los ’70, con radio probado de acción en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
El fiscal ad hoc profundizó sobre aspectos y jurisprudencia relativos al “fenómeno represivo continental”, cuyo objetivo estaba dirigido a eliminar a personas como Medina Ortiz, quien tenía una intensa actividad política en sectores de izquierda de su país.
Luego, precisó que, por ello, el abogado “fue perseguido en Bolivia y también en nuestro país”, al que acudió tras la instauración del régimen de facto del general Hugo Banzer Suárez, quien derrocó a Juan José Torres, en cuyo gobierno había participado la víctima.
Medina Ortiz fue asesor de la Departamental Obrera de Tarija, militante de la Asamblea del Pueblo e integró el grupo de izquierda Espartaco, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y también incursionó en el Frente Revolucionario Antiimperialista.
Dada esta actividad, el letrado había viajado a países con gobiernos afines como China, Rusia y Corea del Norte, lo que surge del testimonio brindado en el juicio por su hijo, Richard Iván Medina Hoyos, y de una serie de documentos que fueron desclasificados por el gobierno boliviano, repasó la fiscalía oportunamente.
En Salta, la víctima nunca cesó en su actividad política, pues seguía ayudando a otros compatriotas que corrieron su misma suerte.
La fiscalía explicó que ello intensificó la persecución local, que en este contexto fue llevada adelante por efectivos de la Delegación Salta de la Policía Federal, quienes -según se explicó- tenían como costumbre arrestarlo los fines de semana.
La fiscalía describió que, con el tiempo, la situación se agravó y llevó a Medina Ortiz a realizar gestiones ante las Naciones Unidas para adquirir estatus de refugiado, pero no pudo avanzar en el trámite por el fuerte asedio de las fuerzas represoras.
Esto explica una carta escrita por la víctima a su padre, en Bolivia, a quien le pedía que viajara a Salta para hacerse cargo de sus nietos, pues preveía un final incierto para sí mismo.
En su alegato, Amad señaló a Alzugaray como la persona encargada de entregar a Medina Ortiz a los agentes bolivianos, y aseguró que “se hizo una comunidad de inteligencia para perseguir al que piensa distinto, un despliegue que, si se hubiese hecho para combatir el narcotráfico, por ejemplo, todo sería mucho mejor”.