El Archivo Provincial de la Memoria presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta, dependiente del Poder Judicial de la Nación, documentación como prueba documental e informativa en la causa “Guil, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos s/ privación ilegítima de la libertad agravada”, cuyo juicio por delitos de lesa humanidad tiene previsto iniciar en los próximos meses. La documentación fue solicitada formalmente por el Tribunal y forma parte del trabajo sostenido de preservación y puesta en valor de los fondos documentales vinculados al terrorismo de Estado en la provincia.

En esta primera etapa fueron entregados 11 legajos prontuariales, correspondientes al período comprendido entre 1975 y 1983, que forman parte del Fondo Documental AR-AL-A.P.M.-PRESOS POLÍTICOS-DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS PENALES DE LA PROVINCIA DE SALTA. La documentación fue requerida formalmente mediante oficio y presentada el 12 de agosto. Está prevista una segunda entrega de documentación durante el próximo mes, como parte del proceso de colaboración del Archivo Provincial de la Memoria con la Justicia Federal.

En este sentido, la responsable del Archivo Provincial de la Memoria, Alba Fernández, destacó que “preservar y conservar los documentos es resguardar el valor y los significados que reconstruyen la verdad histórica y la memoria colectiva e individual. Asimismo, es contribuir a la Verdad y a la Justicia y, no menos importante, garantizar la No Repetición de los crímenes de lesa humanidad”.

Los prontuarios contienen documentación administrativa producida por la Unidad N° 1 de Villa Las Rosas, entre ella fotografías, actas de ingreso, comunicaciones entre fuerzas de seguridad, oficios del entonces juez federal de Salta Ricardo Lona y decretos de detención del Poder Ejecutivo Nacional. También incluyen registros de visitas privadas, listados de pertenencias de las personas detenidas, actas de entrega de esos bienes a sus familiares, fichas dactilográficas con descripciones físicas y datos personales y familiares, comunicaciones de los detenidos dirigidas a autoridades de la unidad carcelaria, jueces u otros organismos nacionales, además de correspondencia privada destinada a familiares que, en algunos casos, nunca llegó a ser enviada.

La incorporación de estos documentos constituye una instancia relevante en la etapa previa al inicio del juicio, ya que su análisis puede aportar elementos para la investigación y la producción de prueba y la ampliación de la identificación de víctimas vinculadas a los hechos investigados.

El aporte de estos documentos también pone en evidencia el resultado del trabajo que la Provincia viene desarrollando en materia de preservación documental. El Archivo lleva adelante una gestión integral y sostenida de los fondos que custodia, que comprende tareas de limpieza, restauración, ordenamiento, descripción, catalogación y preservación, con el objetivo de garantizar su conservación y facilitar su consulta y utilización como fuente documental.

La posibilidad de responder actualmente a requerimientos judiciales con documentación restaurada, organizada y con trazabilidad constituye un resultado concreto del Plan Integral de Preservación Documental.

Parte de la documentación vinculada a presos políticos se encontraba anteriormente en condiciones que dificultaban su consulta y utilización. El proceso de recuperación y preservación permitió avanzar en su puesta en valor y hoy posibilita que estos fondos documentales puedan ser incorporados a procesos judiciales como documentación de valor probatorio.