El millonario negocio de las prepagas con la salud de Gendarmería y Prefectura: descontento total y alarma en el resto de las fuerzas federales.

Sin embargo, detrás de las designaciones institucionales y los discursos de “modernización” estatal se esconde un escenario de profunda indignación y descontento entre los afiliados, un negocio multimillonario con la medicina prepaga privada y una amenaza inminente para el resto de las fuerzas federales que observan con temor su futuro sanitario.

Un universo recortado: la norma solo alcanza a PNA y GNA

Aunque el decreto de necesidad y urgencia original planteaba un marco teórico para todas las estructuras, en la práctica la realidad es drásticamente distinta. El nuevo sistema de salud y el fuerte ajuste sobre los salarios alcanza única y exclusivamente a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

La trampa de la recaudación: un robo encubierto y confiscatorio

La verdadera estafa económica detrás de la creación de OSFFESEG (Resolución 554/2026) radica en la ingeniería del descuento. Si bien a simple vista los porcentajes nominales de las alícuotas (7% a 8% para activos, y 8% a 9% para el sector pasivo) simulan no haberse alterado de manera drástica respecto a los promedios históricos, el verdadero robo consiste en la base sobre la cual se aplican.

El Gobierno extendió la retención de manera feroz hacia el haber bruto total: ahora el zarpazo estatal captura suplementos particulares, sumas no remunerativas y hasta el aguinaldo (SAC). Esto transforma al aporte en una exacción absolutamente confiscatoria que licúa cualquier intento de recomposición salarial.

Para colmo de males, este vaciamiento del sueldo neto viene con un agravante perverso: para poder acceder a una consulta, un análisis o una práctica médica básica bajo la cartilla de Medicus S.A., el afiliado debe seguir pagando coseguros extras de su propio bolsillo. Esta doble imposición económica levanta una barrera virtualmente infranqueable y restrictiva para familias numerosas que, empujadas por sueldos de pobreza, se ven obligadas a elegir entre comer o ir al médico.

Desmantelamiento prestacional: lo que antes estaba cubierto y hoy se perdió

El aspecto más deprimente de la privatización es el vaciamiento de coberturas críticas que hacían a la dignidad de la familia uniformada. Movimientos sociales y organizaciones que nuclean a uniformados y familiares denuncian de forma generalizada que la cartilla mercantil de una prepaga privada no reemplaza el carácter social del antiguo instituto, dejando desamparados a los sectores más vulnerables bajo los siguientes rubros:

Vaciamiento en Geriátricos y Adultos Mayores: La cobertura integral en residencias de larga estadía y centros geriátricos propios o conveniados fue virtualmente suprimida. Retirados con décadas de servicio enfrentan la expulsión de centros asistenciales por la negativa de la prepaga a financiar los costos.

Abandono en Salud Mental: El sistema de internación psiquiátrica y el abordaje de patologías complejas de salud mental —críticas para personal portador de armas sometido a altos niveles de estrés— sufrieron un severo recorte, limitándose a los mínimos comerciales de la empresa contratada.

Rehabilitaciones y Prótesis Relegadas: Los tratamientos prolongados de kinesiología, fonoaudiología y neurorehabilitación fueron drásticamente recortados en cantidad de sesiones. Asimismo, la provisión de prótesis importadas u ortesis personalizadas —antes garantizadas— hoy choca contra las trabas de auditoría y la imposición de materiales nacionales de menor calidad.

El corte en los medicamentos: El pasado 1 de agosto venció el plazo de transición excepcional de 60 días. El IOSFA interrumpió de manera definitiva la entrega de medicamentos de bajo, mediano y alto costo para los afiliados de OSFFESEG. Cientos de pacientes crónicos y bajo tratamientos oncológicos enfrentan ahora graves trabas burocráticas y demoras para recibir sus drogas.

El mapa del colapso: el drama en la PFA, el SPF y la PSA

Mientras Gendarmería y Prefectura sufren el impacto de OSFFESEG, el resto de los uniformados padece sus propios calvarios en un escenario que asoma como una zona liberada para el vaciamiento de servicios y clínicas. El Poder Ejecutivo mira para otro lado ante lo que se perfila como un plan sistemático para destruir desde adentro la salud de las fuerzas y entregársela en bandeja a los mercenarios de la medicina privada.

La Policía Federal Argentina (PFA) vive un drama propio con la obra social que administra la misma fuerza, cuya sede central se encuentra sumida en el abandono dentro del Complejo Médico Churruca-Visca. Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) sobrelleva el vaciamiento de la Dirección de Obra Social (DOS), manejada de forma discrecional por las cúpulas del organismo bajo directrices verticales del Ministerio de Seguridad Nacional. En el extremo de la precarización, el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) es directamente rehén de Unión Personal, una estructura gerenciada por el sindicato UPCN.

En todos los casos, la receta se repite: prestaciones recortadas, copagos abusivos y una desatención deliberada que empuja a los agentes a desamparar sus propios prestadores históricos.

Ofensiva constitucional: violaciones de derechos humanos y principios jurídicos

Especialistas en derecho administrativo y previsional advierten que el diseño operativo de OSFFESEG incurre en graves violaciones constitucionales y de tratados internacionales con rango supremo:

Afectación del Principio de No Regresividad: En materia de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), el Estado tiene prohibido adoptar medidas que impliquen un retroceso en el nivel de protección de la salud ya alcanzado. Pasar de una cobertura médica integral a un sistema corporativo recortado es una flagrante violación a este principio.

Inconstitucionalidad de la Medicina Prepaga Obligatoria: Forzar a personal estatal de seguridad a tributar compulsivamente a una corporación privada desnaturaliza el espíritu del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual exige el control estatal de la seguridad social y prohíbe que el derecho a la vida y la salud sea regulado por el lucro comercial.

La Ilegalidad de los Coseguros como Barrera de Acceso: Cobrar aranceles extra por prestaciones básicas vulnera el derecho a la salud y opera como una aduana económica e ilegal que restringe el acceso real a la medicina.

Desamparo en el Interior Profundo: Los afiliados denuncian que la cartilla de la prepaga privada en las provincias es mínima o nula. Mientras que antes contaban con convenios regionales consolidados, hoy los efectivos apostados en zonas de frontera carecen de médicos prestadores y clínicas locales, violentando el principio constitucional de igualdad y federalismo.

El fin del idilio: al “León” se le cayó la careta

El descalabro sanitario en las fuerzas no es un hecho aislado, sino el corolario directo de las políticas de desguace desplegadas por La Libertad Avanza en las áreas de Seguridad y Defensa. Al mentado “León” finalmente se le cayó la careta. Utilizaron de forma descarada a las fuerzas federales para capturar el voto del sector y llegar al poder, bajo la falsa promesa de “cuidar a quienes nos cuidan”, para luego aplicar un ajuste retrógrado y nefasto.

Esta matriz de desmantelamiento estructural, gestada originalmente bajo la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad y sostenida por el ministro Luis Petri al frente de Defensa, consolidó un modelo de desprotección que hoy continúa bajo la firma de la ministra Alejandra Monteoliva.

Las distintas agrupaciones y organizaciones que nuclean a uniformados y sus familias exponen hoy este tema como una de sus preocupaciones centrales. El diagnóstico de la realidad interna de los cuarteles y bases operativas es devastador: conviven diariamente con sueldos de hambre que no cubren la canasta básica, un abandono sanitario sin precedentes que rifó sus coberturas a corporaciones privadas, episodios recurrentes de violencia institucional, y un clima interno de persecución y censura diseñado para acallar el descontento de las bases.

La ilusión y el respaldo político hacia este espacio se licuaron por completo ante un oportunismo dirigencial feroz que utilizó el prestigio de la familia uniformada como trampolín electoral. Sin embargo, este quiebre y el rechazo generalizado a los actuales funcionarios no implican una intención de volver a los esquemas del pasado.

El personal de las fuerzas federales mira hacia adelante: la tropa exige ahora nuevos horizontes políticos con liderazgos integrados por referentes surgidos de sus propias entrañas, capaces de defender con dignidad el bienestar soberano, el salario real y el derecho constitucional a la salud desde el conocimiento directo del terreno, barriendo de una vez por todas con la especulación financiera.