El lado B de las consultoras de opinión: el “alquiler” de resultados y el negocio del posicionamiento político

Por dentro del universo de las consultoras de opinión pública argentinas circula una verdad incómoda que pocos admiten en voz alta: muchas encuestas no se hacen para medir, sino para influir. Lo que a simple vista parece un insumo técnico y objetivo para entender el humor social, en la práctica se convirtió en una herramienta de manipulación política y de negocios encubiertos.

En los pasillos de los bunkers de campaña y en los despachos oficiales, las encuestas se cotizan como oro. Cada número puede definir una estrategia, abrir una billetera o derrumbar una candidatura. Pero detrás de esos gráficos coloridos y porcentajes milimétricos hay un mercado paralelo donde se “alquilan” resultados, se venden tendencias y se fabrican candidatos.

“Hay consultoras que trabajan con una encuesta para el cliente real y otra para los medios”, confiesa a Tribuna de Periodistas, bajo estricta reserva, un excoordinador de una de las principales firmas del país. “La que va al aire o se filtra a los portales es la versión política del estudio: sirve para instalar una idea, no para mostrar lo que realmente pasa”.

La industria del número conveniente

Según datos de la Cámara Nacional Electoral, hay más de 200 consultoras registradas en la Argentina, aunque solo una docena concentra casi todos los contratos con partidos, gobiernos y empresas. El resto sobrevive a base de encargos informales o directamente alquiler de resultados, una práctica que se extendió en los últimos años.

“Te pagan por incluir el nombre de un candidato en una medición nacional, o por inflar un punto o dos en determinada provincia. Es el secreto a voces del rubro”, admite un encuestador que trabaja hace más de veinte años en el sector. “Y lo peor es que muchos de esos datos se publican como si fueran ciencia dura”.

El esquema es simple. Un dirigente que busca posicionarse contrata una consultora —a veces de segunda línea— para que lo mida junto a los grandes nombres. Se paga un plus para “aparecer competitivo”, y luego se distribuye el resultado a medios amigos o cuentas de redes sociales afines. El número se replica, se viraliza y termina moldeando la percepción pública de que ese candidato “crece”.

“Las encuestas se convirtieron en el nuevo spot de campaña, solo que más barato y con apariencia de objetividad”, explica un consultor político que asesora a varias intendencias del conurbano bonaerense.

Datos que cotizan y vínculos que pesan

Otro costado oscuro es el vínculo entre las consultoras y los gobiernos de turno. Muchas de las firmas que publican estudios electorales también reciben contratos estatales por asesoramiento o monitoreo de políticas públicas. En los papeles, son servicios distintos; en la práctica, funcionan como una red de intercambio de favores.

“Si una consultora trabaja para un ministerio, difícilmente publique un resultado que incomode al oficialismo”, comenta un exfuncionario de Casa Rosada. “Eso genera una competencia desleal: los números se acomodan según quién paga”.

En ese contexto, la independencia técnica es casi una quimera. Los equipos serios —que existen— compiten con un ecosistema donde la credibilidad se negocia. La Cámara Nacional Electoral exige registrar las encuestas electorales y detallar la metodología, pero la mayoría de los estudios que circulan no pasan por ese filtro.

“Hay firmas fantasmas que aparecen solo en campaña. Publican un par de sondeos, instalan un candidato y después desaparecen”, describe un especialista en comunicación política.

Operaciones con sello profesional

El proceso suele incluir un paso adicional: la filtración estratégica. Una vez listo el informe, se envía a un periodista o a una redacción con el pedido implícito de difusión. “A veces el título ya viene armado: ‘X candidato crece y se consolida’. Los medios lo levantan sin chequear la fuente”, señala un editor de política de un diario nacional. “En un ecosistema de clickbait y urgencia, nadie se toma el tiempo de verificar si la encuesta es real”.

Así, una operación política se disfraza de dato científico. Y el público, creyendo que lee una medición objetiva, termina consumiendo propaganda con formato de estadística.

Una caja negra millonaria

El mercado de las encuestas mueve millones. Según estimaciones privadas, una medición nacional completa puede costar entre 20 mil y 60 mil dólares, dependiendo de la extensión y el método. Pero las versiones “express” o de redes sociales —que se usan para operaciones— se consiguen por una fracción de ese monto.

“Hay empresarios que financian sondeos a medida para condicionar a un rival o para forzar alianzas políticas”, confiesa otro encuestador que pide anonimato. “El número se transforma en una herramienta de poder: no muestra la realidad, la fabrica”.

Entre la manipulación y la necesidad

En un escenario político fragmentado, donde cada punto porcentual puede definir una elección, los números se vuelven armas. Los candidatos los usan para mostrarse viables; los medios, para alimentar el debate; y las consultoras, para sostener un negocio que florece al calor de la desconfianza.

“La encuesta ya no busca saber qué piensa la gente, sino decirle qué debería pensar”, resume, sin rodeos, un analista que trabajó en varias campañas nacionales. “Mientras nadie exija transparencia, el dato seguirá siendo un producto más dentro del mercado político”.