Loretta Preska rechazó el pedido de Argentina para evitar entregar información de los funcionarios del actual y anterior Gobierno
Apesar de que Argentina apeló la sentencia de la jueza Loretta Preska por la expropiación de YPF, la magistrada neoyorquina igualmente habilitó a que los fondos especulativos Buford Capital y Eton Park puedan acceder a información de los altos funcionarios del actual y anterior Gobierno para cobrar US$16.100 millones.
La jueza del Distrito Sur de Nueva York rechazó este lunes un recurso de reconsideración pedido por YPF para evitar la ejecución del fallo. Por lo que avanza en el proceso de identificar si existe una relación de “alter ego” entre el Estado argentino y la sociedad anónima que constituye la petrolera de bandera, con el objeto de embargar bienes estatales en caso de que eso se verifique. Con ese fin, Preska habilitó el pedido de información a los funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei y Alberto Fernández.
En total, serían 35 funcionarios a los que se les pediría que entreguen sus comunicaciones privadas, entre ellos, Sergio Massa y Luis Caputo. La solicitud incluiría chats de WhatsApp, mails y otro tipo de documentación.
“El tribunal reafirmó que YPF no puede intervenir ni frenar la etapa de ejecución y ratificó que los demandantes pueden avanzar contra los activos de YPF bajo el modelo Crystallex, es decir, ejecutando contra el Estado argentino y buscando embargar los bienes de su empresa estatal una vez demostrada la relación de alter ego”, le aseguraron a La Nación fuentes cercanas a los fondos litigantes.
El caso Crystallex remite a la empresa canadiense que operaba como concesionaria de la mina «Las Cristinas» de Venezuela, uno de los yacimientos de oro más grandes de ese país. El gobierno de Hugo Chávez, en 2008, decidió nacionalizarla y la empresa inició reclamos para cobrar una indemnización que le conviniese. En la causa, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York falló a favor de la canadiense y habilitó el embargo de la cuenta venezolana en el Bank of New York Mellon Corp.
El caso venezolano, sin embargo, es diferente al de YPF, dado que la petrolera argentina es una sociedad anónima con una personería diferenciada del Estado, que sólo tiene el 51% del paquete accionario. Es por esa razón que los fondos Buford buscan elementos que le permitan construir argumentos que desvirtúen la independencia entre la empresa y el Estado, a través de la relación de “alter ego” para poder ejecutar bienes.
La apelación del fallo espera una respuesta
En tanto, la apelación del fallo sigue a la espera de su resolución. El pasado 29 de octubre, los abogados que representan al Estado argentino solicitaron el rechazo de la sentencia de Preska en una audiencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos.
De acuerdo a los abogados argentinos, el caso no pertenece a la jurisdicción de los EE.UU. y la sentencia de Preska “se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser dejadas de lado”.
Para la defensa argentina, “los demandantes adquirieron sus acciones de YPF en transacciones privadas con Repsol en España, atravesadas por sospechas de corrupción y connivencia política. Con una inversión mínima, participaron del vaciamiento de la empresa mediante dividendos desproporcionados, y tras la expropiación, eludieron la Justicia argentina para litigar en tribunales extranjeros”, señalaron, entre otros argumentos.
FUENTE : PERFIL