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Biocombustibles en el NOA: energía, inclusión y desarrollo territorial

En los últimos años, la política argentina de biocombustibles se consolidó como una herramienta clave para promover el desarrollo regional, la diversificación energética y la legitimidad política del Estado. Las leyes 26.093 (2006) y 27.640 (2021) sentaron las bases de un modelo que combina crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental, con especial impacto en el Noroeste Argentino (NOA).

Según el análisis del sociólogo Ezequiel Rojas Frondizi, la región se ha convertido en uno de los principales polos productivos de bioetanol a partir de caña de azúcar, impulsando una cadena de valor que abarca desde la agricultura hasta la transformación industrial, el transporte y la comercialización. Se estima que unas 20.000 personas participan directa o indirectamente en este entramado productivo, lo que ha fortalecido el empleo, la cohesión social y la resiliencia económica de las comunidades locales.

Transformaciones sociales y tensiones emergentes
El avance de los biocombustibles en el NOA no solo ha modificado la estructura productiva, sino también las dinámicas sociales y culturales. Los productores rurales incorporan tecnologías más eficientes y procesos industriales que fomentan la profesionalización de la mano de obra y el aprendizaje técnico. Sin embargo, advierte Rojas Frondizi, también surgen tensiones vinculadas a la distribución desigual de beneficios entre grandes empresas y pequeños productores, lo que plantea la necesidad de políticas inclusivas y mecanismos de equidad territorial.

Sostenibilidad ambiental y desafíos del territorio
Desde el punto de vista ambiental, el desarrollo de biocombustibles contribuye a reducir la dependencia de combustibles fósiles y a diversificar la matriz energética nacional. No obstante, la expansión de los cultivos energéticos puede generar presiones sobre el uso del suelo y la biodiversidad. La ley 27.640 contempla criterios de sostenibilidad que buscan equilibrar productividad y conservación ambiental, aunque su aplicación requiere una gestión activa y transparente.

Energía y legitimidad política
Además de sus efectos económicos y ambientales, la política de biocombustibles refuerza la legitimidad política del Estado. Al generar empleo, valor agregado y desarrollo territorial, el sector proyecta una imagen de eficiencia, modernización y compromiso con el federalismo productivo. La articulación con gobiernos provinciales y municipales fortalece la gobernanza territorial y amplía la participación de las comunidades locales en el diseño de políticas energéticas.

Un motor para el desarrollo integral
En síntesis, el caso del NOA demuestra que la energía puede ser mucho más que un recurso económico: puede ser un motor de desarrollo integral, capaz de articular dimensiones económicas, sociales, políticas y ambientales. Su sostenibilidad a largo plazo dependerá de mantener el equilibrio entre productividad, inclusión social y preservación ambiental, garantizando que los beneficios lleguen efectivamente a las comunidades que sostienen la cadena energética.

FUENTE : NOTICIAS DE MINERIA

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