DERECHOS HUMANOS Y TRABAJODESTACADAECONOMIAGOBIERNO NACIONALNOX JUJUY

Efectivamente: la Argentina corporativa debe ser destruida… Javier Milei…

Uno de los reproches más repetidos contra el gobierno de Javier Milei es que “está destruyendo la Argentina”. La frase suele pronunciarse con tono alarmado, como si describiera una tragedia institucional. Sin embargo, vista con más cuidado, contiene una verdad inesperada: en cierta medida, sí, Milei se propone destruir una Argentina. La pregunta relevante es cuál.

Porque lo que el actual presidente intenta desmontar no es la Argentina constitucional sino la Argentina peronista: el sistema político, económico y social que el peronismo instaló desde la década de 1940 y que, a su vez, había reemplazado a la arquitectura institucional imaginada por la Constitución de 1853.

La Constitución organizó —o intentó organizar— un país de individuos libres. Un orden social compuesto por ciudadanos autónomos que interactúan entre sí mediante acuerdos voluntarios, contratos, emprendimientos y asociaciones. Personas que cooperan, sí, pero que siguen siendo individuos distintos, responsables de sus decisiones y dueños de su propio destino. El peronismo reemplazó esa concepción por otra completamente diferente.

En lugar de individuos, introdujo sectores. En vez de ciudadanos, corporaciones. La sociedad dejó de ser un entramado de personas libres para convertirse en un mosaico de colectivos organizados por actividad: sindicatos, cámaras empresarias, gremios, asociaciones profesionales. Lo que el propio peronismo denominó “ramas de actividad”.

En ese modelo, el Estado dejó de ser un garante neutral de reglas generales para convertirse en árbitro y socio de los conflictos entre esas corporaciones. De allí nació el concepto de “comunidad organizada”, una expresión que en la práctica significó que cada sector debía negociar con el poder político para obtener ventajas, privilegios o protección.

El resultado fue un país estructurado como un sistema de gremios medievales. Cada grupo defendía su parcela. Cada actividad buscaba regulaciones que limitaran la competencia. Cada negociación implicaba transferencias de recursos entre sectores decididas por el Estado. Y en el centro de esa telaraña se ubicaba el poder político, administrando favores y castigos.

Ese sistema generó algo inevitable: corrupción estructural. Cuando el Estado tiene la facultad de decidir quién gana y quién pierde, la competencia deja de depender del mérito, la innovación o la eficiencia. Pasa a depender de la cercanía con el poder. Funcionarios, empresarios protegidos, sindicalistas y operadores políticos terminan integrando una red de intereses cruzados donde los beneficios se reparten dentro del sistema y los costos se trasladan al resto de la sociedad.

Así se consolidó lo que podría llamarse la Argentina corporativa. Un país donde la prosperidad no surge de la libertad sino de la protección política. Donde las oportunidades dependen de pertenecer a un sector con poder de presión. Y donde el ciudadano común queda subordinado a estructuras colectivas que negocian en su nombre sin preguntarle demasiado.

Frente a ese esquema, el proyecto que Milei intenta impulsar apunta exactamente en la dirección opuesta. Busca desmontar el sistema de privilegios corporativos para reconstruir un orden basado en individuos libres que cooperan voluntariamente. Un país donde las personas no prosperen porque pertenecen a una corporación protegida, sino porque logran ofrecer valor a otros ciudadanos.

En ese modelo, cada individuo “usa” a los demás —en el sentido económico del término— como socios indirectos de sus propios proyectos: clientes, proveedores, inversores, colaboradores. Una red de cooperación espontánea que surge del intercambio libre y no de acuerdos políticos entre sectores privilegiados.

Desde esta perspectiva, la acusación de que el gobierno actual “está destruyendo la Argentina” resulta, en parte, correcta. Pero no porque esté demoliendo al país.

Lo que está intentando demoler es un tipo de país: el que nació cuando el peronismo reemplazó la república de ciudadanos por un sistema corporativo inspirado en las ideas que Perón había conocido en la Italia de Mussolini.

Si el objetivo es reconstruir una sociedad abierta basada en la libertad individual, la competencia y la responsabilidad personal, entonces la conclusión es inevitable:

Sí, la Argentina corporativa debe ser destruida. Porque solo sobre sus ruinas podrá volver a levantarse una república de individuos libres.

 

Columnista de Análisis y Opinión

Deja una respuesta