Discapacidad. Cuando el Estado incumple y el silencio también es cómplice.
Decirlo incomoda, pero callarlo es peor: mientras el Estado incumple la Ley de Emergencia en Discapacidad, nadie quiere hablar de los abusos que también existen dentro del sistema. Y sin esa discusión incómoda, la emergencia no se resuelve: se degrada.
El 4 de febrero vence el plazo judicial que obliga al Estado a garantizar la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad. No es una consigna ni una opinión: es una orden de la Justicia que, una vez más, no se cumple. La política administra el silencio mientras las personas con discapacidad y sus familias siguen esperando lo mínimo para vivir con dignidad.
Hoy faltan servicios esenciales:
no hay transporte,
los talleres protegidos están paralizados,
los pagos de Incluir Salud continúan demorados,
los aranceles a prestadores no se actualizan,
las pensiones no contributivas por invalidez permanecen congeladas.
La emergencia no es un concepto técnico. Es una realidad cotidiana, concreta y brutal.
Pero hay algo más que la sociedad evita discutir por miedo a la corrección política: no toda injusticia en discapacidad es culpa exclusiva del Estado. También existe el aprovechamiento, la simulación y la viveza. Personas que se hacen pasar por discapacitadas o que, aun pudiendo trabajar y producir, convierten la discapacidad en una forma de renta permanente.
Decir esto no niega derechos. Por el contrario, los defiende. Porque cada abuso erosiona la legitimidad de los reclamos genuinos y termina perjudicando a quienes realmente necesitan políticas públicas eficaces. La corrección política mal entendida termina siendo funcional al abandono.
Las personas con discapacidad no somos un colectivo idealizado ni moralmente homogéneo. Somos personas. Y como en cualquier grupo social, hay quienes luchan, estudian y trabajan, y también quienes eligen el atajo. Negarlo es infantil. Callarlo es irresponsable.
Hablo desde un lugar que no admite sospechas: soy ciego desde los 17 años. Y aun así estudié, trabajé y produje. Fui presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal durante seis años, y lo volveré a ser pronto. No como excepción heroica, sino como prueba de que la discapacidad no anula la responsabilidad personal ni la capacidad de aportar a la sociedad.
Esto no significa desconocer barreras reales ni desigualdades estructurales. Significa algo más exigente: reclamar derechos sin romantizar la pasividad, exigir al Estado que cumpla sin tolerar el fraude y defender la inclusión sin mentiras piadosas.
Hoy hay que exigir dos cosas al mismo tiempo, sin hipocresía.
Primero, que el Estado cumpla ya con la Ley de Emergencia en Discapacidad y con lo que ordenó la Justicia.
Segundo, que se investiguen y sancionen los abusos, porque la solidaridad no puede ser ingenua ni el sistema puede sostenerse sobre la trampa.
La emergencia es hoy.
La ley debe cumplirse ahora.
Y el debate también debe darse ahora.
Porque la verdadera inclusión no se construye con lástima, sino con derechos, trabajo, responsabilidad y verdad.
Por Eduardo Awad
Ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y candidato para ocupar nuevamente la presidencia de esa histórica entidad