Presupuesto 2026: el artículo 30 vuelve a poner a la educación en el centro de la pelea
El Senado entra este viernes en una jornada decisiva para el tratamiento del Presupuesto 2026, con un foco que excede las cifras generales y se concentra en un punto específico del articulado. Como anticipó Ámbito, artículo 30 propone derogar normas que fijan mínimos obligatorios de inversión en educación, ciencia y tecnología, se convirtió en el eje de una discusión que amenaza con trabar el avance del proyecto y reabrir una disputa política de fondo.
El texto impulsado por el oficialismo plantea dejar sin efecto disposiciones vigentes que establecen porcentajes del Producto Bruto Interno destinados a la educación y al sistema científico. Entre ellas, el piso del 6% del PBI para el financiamiento educativo y la senda de crecimiento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI en ciencia y tecnología. La iniciativa también impacta sobre el financiamiento de la educación técnico profesional, un sector que ya venía denunciando recortes y atrasos en la ejecución de fondos.
Desde el Gobierno justifican el artículo 30 con el argumento de que esos pisos legales no se cumplieron de manera sistemática en años anteriores y que, en un contexto de ajuste fiscal, resultan incompatibles con el objetivo de equilibrio presupuestario. La eliminación de esas obligaciones, sostienen, permitiría mayor flexibilidad en la asignación de recursos y evitaría compromisos que luego el propio Estado no puede honrar.
Qué dice el Presupuesto 2026 sobre educación
La oposición y los actores del sistema educativo leen la propuesta en clave opuesta. Consideran que se trata de una marcha atrás en términos de derechos adquiridos y advierten que quitar los mínimos legales deja a la educación, la ciencia y la formación técnica a merced de decisiones coyunturales. Universidades nacionales, gremios docentes y organizaciones del sector científico alertaron que el presupuesto proyectado para 2026 no alcanza para garantizar el funcionamiento básico de las instituciones.
En el caso de las universidades públicas, el reclamo se centra en la brecha entre los recursos previstos y las necesidades reales para sostener salarios, infraestructura y actividades académicas. En paralelo, el sistema de escuelas técnicas denuncia que la eventual eliminación del financiamiento específico implicaría una reducción drástica de fondos, con impacto directo en talleres, equipamiento y programas de formación.
El debate del artículo 30 se da, además, en un contexto legislativo ajustado. Si el Senado introduce cambios al texto aprobado por Diputados, el proyecto deberá volver a la Cámara baja, con un calendario que corre contra el cierre del año. Esa posibilidad mantiene en alerta al oficialismo, que necesita evitar modificaciones para acelerar la sanción definitiva del Presupuesto.
La sesión de se este viernes no solo definirá el rumbo del Presupuesto 2026, sino también el alcance de la política educativa del Gobierno en los próximos años. Más allá de los números, el tratamiento del artículo 30 expone una discusión de fondo sobre el rol del Estado y las prioridades de largo plazo, en un escenario donde el ajuste fiscal y la inversión en educación vuelven a chocar de frente.
FUENTE : ÁMBITO