Caso Maradona: ya tiene fecha el juicio político que podría definir la destitución de la jueza Makintach
La Comisión de Juicio Político de la provincia de Buenos Aires dispuso fecha para el jury que definirá el futuro de la jueza Julieta Makintach: comenzará el próximo 6 de noviembre. La magistrada quedó en el ojo de la tormenta en mayo pasado, acusada de participar del documental «Justicia Divina», el cual iba a enfocarse en el debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona, proceso del que ella formaba parte y que debió declararse «nulo» tras el escándalo.
La ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº2 de San Isidro ya fue apartada de manera preventiva de su cargo y se le aplicó el descuento del 40% de su sueldo. En caso de que se compruebe que no cumplió con sus funciones, podría ser destituida una vez finalizado el juicio político, el cual -según su opinión- avanzó con una rapidez poco frecuente. En paralelo, en la Justicia sanisidrense se desarrolla una causa penal contra ella y otros tres imputados.
“Hay un montón de recursos pendientes todavía. La velocidad que intentan darle a este proceso político no pueden avasallar las garantías mínimas», reclamó Makintach. «Se ve el apuro, pero en un Estado de Derecho esto no sería posible», insistió. En ese contexto, su abogado defensor, Darío Saldaño, adelantó que presentará un recurso de reposición y consideró que «no están dadas las condiciones» para llevar adelante el jury de enjuiciamiento.
Para el letrado, el jurado «no está debidamente integrado con carácter previo a la iniciación del debate, en clara violación al artículo 18 de la Constitución Nacional, toda vez que los jueces deben ser anteriores al juzgamiento», en referencia a la excusación que hizo la senadora provincial María Lorena Mandagarán (UCR Cambio Federal), lo cual modificó el número de miembros de los conjueces legisladores.
Otro de los puntos que señaló Saldaño en su escrito, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, habló de la recusación de la presidenta del jurado, la jueza Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. «Decidió no apartarse, no encontrándose firme dicho resolutorio», sostuvo el abogado, al mismo tiempo que indicó que se presentó una queja al Máximo Tribunal provincial «por recurso de inaplicabilidad de ley denegado».
La conformación del jurado de enjuiciamiento ha sido uno de los frentes abiertos por la defensa de la magistrada acusada. Tras la salida de Mandagarán, había solicitado la suspensión de una de las audiencias al plantear que no se habría respetado lo dispuesto por los artículos 1 y 4 de la Ley 13.661, que establecen el mecanismo de designación y sorteo de suplentes.
El otro es el de una presunta «parcialidad» en la acusación, ya que la jueza manifestó que supuestamente los otros jueces del caso Maradona (Maximiliano Savarino y Verónica Mara Di Tomasso) habrían estado al tanto de las decisiones que tomó.
El jurado que evaluará la conducta de Makintach estará presidido por Kogan e integrado por los conjueces legisladores Ariel Martínez Bordaisco (UCR-Cambio Federal); Abigail Gómez (La Libertad Avanza); Sergio Raúl Vargas (Unión Renovación y Fe); y Maite Alvado (Unión por la Patria). Los conjueces abogados (con matrícula provincial) sorteados fueron Álvaro García Orsi; Pablo Agustín Ciocchini; Fabián Ramón González; María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco.
Luego de que se definiera la nulidad del primer debate oral que buscaba comprobar si hubo negligencia por parte de los siete profesionales de la salud imputados por el fallecimiento del ex futbolista, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, presentó una denuncia contra la ex titular del TOC 2 donde la acusó de «nueve inconductas», entre las que mencionó el abuso de autoridad, el uso del erario público y la habilitación de un grupo de personas para filmar las audiencias sin conocimiento de las partes.
La causa penal contra la jueza Makintach
La magistrada también está imputada por los delitos de «cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios» por el mencionado proyecto audiovisual, en la causa que se tramita en la UFI N°1 del Departamento Judicial de ese partido de la Zona Norte bonaerense.
En esta causa también están imputados José María Arnal Ponti, dueño de la productora Ladoblea S.A, el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio y la amiga de Makintach, María Lía Vidal Aleman, quien tuvo la idea de grabar las entrevistas y le presentó la idea de participar en «Justicia Divina».
Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, a cargo del caso, que Makintach “bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos -ya sea por la inversión de terceras personas en dicho emprendimiento privado- e indirectos -posteriores ganancias y/o regalías por imagen-, decidió promover y participar personalmente» del documental desarrollado durante el juicio.
El escándalo estalló en mayo, cuando se conocieron imágenes de la jueza suspendida mientras caminaba por los pasillos de los tribunales de San Isidro, donde también brindó una entrevista en su despacho y se la observaba en una de las audiencias. Tras los allanamientos, se conocieron el guión, el trailer y el primer capítulo de la serie documental, exhibidos por los fiscales que pidieron su recusación.
FUENTE : PERFIL