Salta: un remisero, un menor y tres clientes imputados por trata de personas con fines de explotación sexual

Una investigación realizada por la Fiscalía de Distrito dejó al descubierto una red que operaba en torno a un colegio secundario, del cual captaban a menores para ofrecerlas en servicios sexuales. Con el remisero, con un rol clave en la captación, los acusados pagaban de 60 a 200 mil pesos por distintas prácticas sexuales, siendo el monto más alto por adolescentes vírgenes.
 
A instancia del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, en representación de la Fiscalía de Distrito, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación penal de cinco personas por el delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual.
Esta conducta penal fue formalizada bajo los agravantes de vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas, la participación de más de tres personas y por haberse consumado la explotación. Cuatro de ellos fueron imputados como coautores y un quinto (menor de edad), en calidad de partícipe necesario.
Las imputaciones -formalizadas el jueves pasado- recayeron sobre un remisero, tres hombres sindicados como clientes y un menor de 16 años, alumno de un colegio secundario de la zona sur de la ciudad, al que también asistían las tres víctimas, hasta ahora identificadas.
Al presentar el caso, el fiscal general lo calificó “de una gravedad inusitada” y con “particularidades” complejas. En concreto sostuvo que se captaban niñas de una escuela para explotarlas sexualmente. Reconoció que hubo denuncias previas que “no fueron atendidas debidamente por los organismos del Estado”, por lo que esta organización “continuó actuando y causando daños irreversibles en niñas de 16 años”.
Sobre los roles de los imputados, resaltó la función del remisero, quien se valió de la confianza que representan para los padres al llevar a los chicos de un lado a otro. “En lugar de ello, este remisero se dedicó a captar de una manera perversa a niñas para ofrecerlas sexualmente a determinados clientes”, como los tres imputados bajo esa figura.
Distinguió este caso de otros en razón de que, en esta situación, “el gusto o deseo de los clientes tuvo una íntima relación con la actividad del chofer”, quien era el encargado de responder a los pedidos en su automóvil Volkswagen Voyage, color blanco.
“Sabemos que el delito de trata de personas es un delito que cosifica al ser humano, considera al cuerpo de la mujer como una alcancía, entonces la función del remisero era buscar cuál era la mercadería que ellos estaban necesitando”, destacó.
Indicó que las actuaciones preliminares permiten tener por acreditado el delito, el que comenzó con la captación de alumnas de cuarto años de dicho colegio, las que han tenido “encuentros” sexuales a cambio de sumas de dinero con los tres clientes imputados, todo ello por “obra del remisero”.
Dijo que las víctimas estaban “sometidas a la voluntad y designios” de este imputado, incluso desde el punto de vista psicológico, pues algunas de ellas lo veían como una persona que les posibilitó adquirir distintos bienes, como un celular de marca, ropa y manejar cierta sumas de dinero.
No obstante, está acreditado que “el remisero las tenía amenazada con la sola circunstancia de avisarle a los padres. Poseía esa arma y decía que podía usarla, pero con la amenaza del aviso a los padres, para la menor ya era suficiente”.
La primera denuncia del caso se radicó el 26 de junio del año pasado, cuando la mamá de una de las víctimas, quien se mostró sorprendida por el celular de alta gama que tenía su hija. Al revisarlo, vio mensajes de índole sexual, entre ellos uno enviado por el remisero, a través del cual hacía alusión a su otra hija de 12 años.
La denuncia motivo la apertura de una causa penal en la justicia provincial, sin embargo y pese al secuestro del teléfono al remisero, las actuaciones judiciales no prosperaron y el caso fue desestimado. A mediados de este año, en tanto, el caso pasó al ámbito de la Fiscalía de Distrito, tras una audiencia en la que se declaró la competencia del MPF, bajo la hipótesis de un posible caso de trata de personas.
En ese marco, la fiscalía retomó las actuaciones con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo.
 
Precios y horario tabulados
El fiscal reveló que los servicios sexuales eran organizados por el conductor y tenía como escenarios dos moteles ubicados en la ruta 26, mientras que uno de los clientes prefería que sea en su casa, instancia en la que consumía estupefacientes. Al respecto, cabe señalar que, al ser detenido, el martes pasado, se encontró aceite de cannabis y marihuana en su casa.
En cuanto a la escala de dinero que pagaban los clientes, informó que había una tabulación. “Por beso se pagaba 60 mil pesos, 20 más por sexo oral y así hasta llegar a 200 mil por penetración si aún no había perdido su virginidad”, reveló.
En esta trata describió también el rol del menor, quien era amigo íntimo de las víctimas, aspecto que aprovechaba para conocer sus condiciones, entre ellas quiénes era aún vírgenes, información que luego le proveía al remisero y por la cual recibía dinero en compensación.
Además de los precios de por cada servicio sexual, el remisero también había impuesto un cierto código para describir los encuentros a través de los mensajes que mantenía con las menores. “Vamos a hacer la onda”, era la palabra clave usada para describir una cita sexual, la que también era usada por los clientes.
Entre otros aspectos, el remisero, nexo indispensable para los otros imputados, se encargaba de que las estudiantes cumplan con los servicios que ofrecía, o bien pactaba con los clientes. “Fuiste a la cita programada”, indagaba antes de requerir el pago de los servicios, mediante transferencias, aunque uno de los clientes pagaba de contado.
También había fijado los encuentros en 18 minutos, los que se hacían casi sobre el final del horario de escuela, cuando había hora libre. Todo era monitoreado por el conductor, quien les pedía a las menores que se graven en ciertas poses sugestivas para facilitar las ofertas sexuales.
El fiscal relató un hecho puntual con una de las tres víctimas. Indicó que, por boca del menor, se enteró de que una de las niñas, de 16 años, tenía una hermanita de 12, a la que intentó captar a toda costa para sumar a su staff.
A tal punto llego su voracidad que, en una oportunidad, logró que dicha menor suba a su auto, oportunidad en la que abuso de la misma, al manosearla en sus partes íntimas. En razón de este episodio, imputó al remisero por el delito de abuso sexual.
En este punto, resaltó el “desprecio” del remisero por la víctima con el relato de otro hecho suscitado luego de que el menor le informara sobre una jovencita que aún era virgen, a quien comenzó a acosar de todas formas, hasta llegar a abordarla en la parada del colectivo.
El conductor abrió la puerta de su auto e intentó a toda costa que subiera al auto para ir a “hacer la onda”, pero la menor, totalmente atemorizada, rechazó la oferta, subió al colectivo, pero en el transcurso se orinó debido al estado de shock y temor vivido. Aclaró que, a esa altura, las alumnas de la escuela ya tenían identificado al remisero como una persona perversa y cada vez que veían merodear su auto blanco, el temor se apoderaba de ellas.
Otro aspecto resaltado tuvo que ver con el secuestro de evidencias al momento de los allanamientos, en las viviendas de los imputados. En tal sentido, dijo que en la casa del remisero se incautaron juguetes sexuales, pastillas de estimulación sexual, tanto de orden masculino como femenino, entre otros elementos.
 
Prisión preventiva
 
Dado el tenor de las imputaciones, los representantes del MPF pidieron como medidas de coerció, la prisión preventiva de los imputados, con excepción del menor. Insistieron en que este hecho es de una “gravedad inusitada”, en el cual se encuentra comprometida la obligación del Estado respecto al delito de trata de personas.
Señaló que también “hay derechos humanos en estado puro” comprometidos, incluso “de dignidad de los niños”. Recordó que hay más víctimas que, por el momento, se negaron a declarar, existen pericias pendientes, ya que se trata de un caso de alta complejidad.
Mencionó los riesgos procesales como el de fuga y entorpecimiento, al igual que hizo énfasis en la escala penal del caso, la que va de 10 a 15 años de prisión, con lo cual hace imposible admitir la posibilidad de algún régimen de ejecución condicional. Además, pidió autorización para peritar los teléfonos incautados y el levantamiento del secreto bancario y bursátil de los imputados.
Los planteos del MPF fueron secundados por el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, quien hizo hincapié en el estado de temor que atraviesan las menores que fueron captadas por los imputados.
Al momento del descargo, solo dos de los clientes imputados, declararon y lo hicieron para desligarse de la imputación. Entre otros argumentos, dijeron que desconocían la minoridad de las víctimas, o bien, que solo pagaron por sexo.
Sus defensores acompañaron la coartada con planteos dirigidos a desestimar la imputación penal, pero los mismos fueron rebatidos por la fiscalía, en función de las evidencias recolectadas y la gravedad de los hechos, postura que también fue acompañada por el juez, quien dio por formalizada la investigación penal bajo los delitos requeridos por la fiscalía, al igual que dictó la prisión preventiva solicitada y autorizó las pericias.