Los gobernadores de Mendoza, Chubut y Santa Cruz se suman a la causa YPF como querellantes
Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) buscan defender en la Justicia los intereses de sus provincias en la causa YPF e investigar el ingreso del Grupo Petersen en la petrolera. Junto con los fiscales de Estado de sus provincias, se presentaron este lunes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py, donde buscaron ser admitidos como parte querellante.
Bajo el patrocinio del abogado Bernardo Saravia Frías, presentaron un escrito que recuerda que las provincias son accionistas de YPF desde la sanción de la Ley 26.741, en 2012. “Nuestra legitimación es indisputable: las provincias son titulares de un derecho colectivo directamente comprometido por los hechos investigados”, sostienen.
La presentación se realiza en medio del avance del juicio por la expropiación de la petrolera que se tramita en los tribunales de Nueva York, donde la jueza Loretta Preska llegó a ordenar a la Argentina que entregue el 51 por ciento del paquete accionario de la petrolera.
La ofensiva de los tres mandatarios apunta a demostrar que el ingreso del Grupo Petersen a la empresa, a fines de 2007, fue irregular. Esa compra desencadenó el litigio que hoy amenaza con afectar las reservas del país. El Grupo Petersen se hizo del 15% de las acciones con una opción para comprar otro 10%. Aquella operación se financió con dividendos de YPF y con aval político de la Casa Rosada. Los gobernadores sostienen que si la Justicia local demostrara estos hechos, “su esclarecimiento puede torcer la suerte procesal en Estados Unidos”.
Los gobernadores buscan reabrir la investigación local para torcer la causa internacional
Los mandatarios explican que la causa local se remonta a 2006, cuando se denunció el vaciamiento de YPF durante la gestión de Repsol. También se denunció la entrada del Grupo Petersen sin aportes de capital y la falta de control del Estado. Este proceso derivó en la expropiación de 2012. Según sostienen, la estatización se concretó sin cumplir con el estatuto que obligaba a realizar una oferta pública de acciones.
La estrategia busca que la Justicia investigue la compra y posterior expropiación de YPF. Si se probara un delito en la operación inicial de Petersen, la base legal de la demanda de Burford Capital, que amenaza a la Argentina en los tribunales de Nueva York, podría caer. .
La estrategia de los gobernadores busca abrir un nuevo frente penal internacional. El objetivo es abrir una investigación sobre el origen del ingreso de la familia Eskenazi a la petrolera. La idea es instar la acción penal y, con ese proceso en marcha, suspender la acción civil que instruye la jueza Preska.
Antecedentes de un caso complejo
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina por no haber extendido la oferta de compra a todos los accionistas durante la estatización. La resolución se originó en la quiebra del Grupo Petersen, incapaz de pagar su paquete accionario. El fondo Burford Capital adquirió los derechos litigiosos y tiene una sentencia: Preska condenó a la Argentina a pagar US$ 16.099 millones a los fondos Petersen y Eton Park. El fallo mantiene vigencia, y el Gobierno advirtió que el proceso podría aniquilar las reservas argentinas.
Los mandatarios provinciales manifestaron que la ejecución de esa sentencia “afecta de forma inmediata e irreversible la estructura accionaria y el gobierno corporativo de YPF”. Esto supone un daño de magnitud a las provincias, tanto en regalías como en soberanía sobre los recursos naturales. Las provincias poseen acciones clase B de YPF, una participación minoritaria derivada de la ley de expropiación. Cornejo, Vidal y Torres reclamaron que se informe de esta presentación a la jueza Preska y a la Cámara de Apelaciones en Nueva York, para lograr influencia sobre la causa internacional.
FUENTE : PERFIL