El Gobierno no descarta judicializar la Ley de Financiamiento Universitario

Tras la Marcha Federal Universitaria, el Gobierno anunció que podría judicializar la Ley de Financiamiento Universitario si el Congreso rechaza el veto del presidente Javier Milei. El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó en una conferencia que la movilización reafirmó la postura del Gobierno sobre la universidad pública, subrayando la necesidad de auditar las instituciones para garantizar la transparencia en el uso de los fondos estatales.

Adorni afirmó que el Gobierno no se opone a financiar más las universidades, sino que rechaza asignar presupuesto sin claridad sobre su origen. “Esto perjudica a todos los argentinos y no lo permitiremos”, advirtió. Reiteró que las universidades deben ser auditadas, ya que son financiadas con impuestos de los contribuyentes, quienes tienen derecho a saber cómo se utilizan sus recursos. Aclaró que esto no significa estar en contra de la universidad pública, cuyo valor es comprendido por el Gobierno.

Si el Congreso no aprueba el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, existe la posibilidad de recurrir a la Justicia, según Adorni. La oposición ha solicitado una sesión especial en el recinto para discutir el tema el 9 de octubre. Adorni recordó que el impacto total del proyecto podría alcanzar 1,5 billones de pesos, lo que afectaría el equilibrio fiscal, a cubrirse mediante emisión monetaria, endeudamiento o aumento de impuestos.

El artículo 38 de la Ley 24.156 exige que cualquier ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto especifique las fuentes de financiamiento. Detallando estadísticas de 2022, Adorni indicó que había 1.700.000 estudiantes, de los cuales solo el 40,6% eran alumnos regulares. Resaltó que el Gobierno apoya la universidad pública, pero también la discusión responsable en el ámbito adecuado, sugiriendo que el Presupuesto 2025 es el lugar indicado para estas deliberaciones.