Milei recibe fuertes críticas por el recorte en las Universidades públicas.
A través de la Resolución 36/2024 -CS-SES-UNSa, la Universidad manifestó su posicionamiento ante el posible veto a la Ley de Financiamiento Universitario, por parte del Presidente Javier Milei. Las y los consejeros superiores aprobaron por unanimidad hacer propio el documento emanado desde la Mesa-UNSa: en Defensa de la Universidad Pública, titulado “¿Por qué no tenemos promulgada la Ley de Financiamiento Universitario?”, que exige la inmediata promulgación de la Ley y el compromiso de los legisladores de insistir con la norma si fuera vetada por el Ejecutivo.
El documento dicta lo siguiente:
Las universidades públicas argentinas atraviesan actualmente un cuadro de gravedad extrema. La asfixia económica a la que las somete el gobierno -sumado a una campaña de desvalorización, desacreditación, ninguneo o franca mentira- torna imposible mantener el funcionamiento normal de las casas de estudio.
Hoy, el sueldo para muchxs docentes y nodocentes está por debajo de la línea de pobreza. A pesar de ello, el gobierno siguió otorgando aumentos nominales por debajo de la inflación: en agosto los precios (medidos por el IPC) subieron un 4,2%, mientras que los salarios básicos fueron apenas un 3% mayores que el mes anterior. Y la perspectiva para el próximo mes es similar, dado que las autoridades nacionales dispusieron unilateralmente un incremento del 2%, cifra que con toda seguridad consolidará una nueva caída en el poder adquisitivo.
En ese marco, el Congreso de la Nación, con el voto de legisladores de distintas filiaciones partidarias, aprobó un proyecto de financiamiento que asegura la actualización de los fondos para funcionamiento, investigación, extensión, etc. Al mismo tiempo, encomienda al Poder Ejecutivo a retrotraer los sueldos del personal, en términos reales, a los niveles que tenían en noviembre del año pasado, fecha desde la cual el IPC mostró una suba casi 60 puntos por encima de los haberes.
El presidente ya adelantó que vetará la norma, como hizo hace unos días con el modesto incremento en las jubilaciones que los órganos legislativos habían dispuesto. La justificación oficial es la de mantener el equilibrio fiscal. Sin embargo, el mismo gobierno no mostró igual prurito al reducir impuestos sobre los sectores más pudientes de la población, como consagró a través de la llamada “Ley de Bases…” en el capítulo correspondiente a Bienes Personales (Capítulo II del Título III), a pesar de que esa decisión le costó al fisco una suma más de 3 veces mayor a la que requiere la actualización presupuestaria y salarial aprobada en el Congreso.
Mientras tanto, el proyecto de presupuesto girado por el Ejecutivo ratifica la posición oficial de asfixiar no sólo a las Universidades sino a la educación pública en su conjunto, así como al sistema científico nacional. ¿De qué otra forma puede entenderse la suspensión del art. 9 de la Ley de Educación Nacional – Ley 26.206-, o la de los artículos que ponen un piso a la inversión pública en Ciencia y Técnica establecidos en la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – Ley 27.614 -?.
En ese marco es que exigimos la inmediata promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario y el compromiso de los legisladores de insistir con la norma si fuera vetada por el Ejecutivo.
Actuación de la Mesa
El documento fue ingresado sobre tablas en la 13º sesión del Consejo Superior de la UNSa, y estuvo suscripto por Consejeros Superiores, Secretarios Generales de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (ADIUNSa) y de la Asociación de Personal de la UNSa (APUNSa) y representantes de las agrupaciones estudiantiles Voces, Praxis y Franja Morada, todos integrantes de la Mesa – UNSa: en Defensa de la Universidad Pública.
La Resolución puede encontrarse en el siguiente link: http://bo.unsa.edu.ar/cs/R2024/R-CS-SES-UNSa-2024-036.pdf
Entre los considerandos se deja asentado que el documento destaca la preocupante situación del deterioro salarial en el sector universitario, que ha experimentado una caída significativa en comparación con la inflación en los últimos meses, contexto que no solo afecta el salario de los docentes y no-docentes universitarios, sino que también pone en riesgo la calidad educativa que ofrecen.
Asimismo, subraya la importancia de la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, en razón que una adecuada asignación de recursos permitirá a las universidades mejorar sus infraestructuras, ofrecer programas innovadores y apoyar a estudiantes que, de otro modo, no tendrían acceso a la formación superior. Afirmaron que, a pesar de la amenaza del veto presidencial, la necesidad de esta ley es innegable, ya que podría contribuir a mejorar las condiciones laborales y salariales del sector, así como a fortalecer la autonomía universitaria con un mejor presupuesto.
En su oportunidad, el Consejo Superior emitió las Resoluciones CS-SES-UNSa 02/2024, 04/2024 y 14/2024, en las que fija posición frente a la imperante necesidad de asegurar un financiamiento adecuado para su funcionamiento, pronunciamientos que destacan la importancia de contar con un presupuesto que no solo responda a las necesidades operativas de la institución, sino que también garantice la sostenibilidad de las diversas actividades académicas, investigativas y de extensión, como así también se considere la realidad económica de sus trabajadores, asegurando que los salarios sean justos y competitivos.