Es oficial la suba en las prestaciones por discapacidad: todos los detalles
El ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunciaron este miércoles un aumento del 1,8% en los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral para Personas con Discapacidad. Este incremento, muy por debajo de la inflación, se produce en el contexto del ajuste del gobierno de Javier Milei a los sectores más vulnerables y mientras se prepara para suspender esta prestación a unas 160,000 personas que actualmente la reciben.
Esto quedó formalizado en la Resolución Conjunta 7/2024, firmada por el ministro de Salud, Mario Antonio Russo, y el titular de ANDIS, Diego Orlando Spagnuolo.
El gobierno de Milei está intensificando el ajuste en el área de Discapacidad. A la reducción de las prestaciones ya provocada por aumentos insuficientes, se suma la intención de dejar sin cobertura a entre 120,000 y 160,000 personas que reciben Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
ANDIS está llevando a cabo una auditoría de aproximadamente 400,000 pensiones, estimando que entre el 30% y el 40% de los casos podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Esto implicaría que entre 120,000 y 160,000 personas perderían este beneficio, equivalente al 70% de la jubilación mínima en Argentina.
Las suspensiones se basan en la identificación de irregularidades en la asignación de estas pensiones en gestiones anteriores. En una revisión inicial de 2,559 casos, solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibirla, lo que llevó a intensificar las auditorías. Se detectaron irregularidades como la presentación de documentación médica falsificada, el uso de la misma radiografía en múltiples expedientes, y la concesión de pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.
Se identificaron incompatibilidades significativas en alrededor del 35% de las pensiones, relacionadas con bienes no declarados, empleo formal y condiciones médicas no justificativas de invalidez.
Esta pensión está destinada a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Es incompatible con otros beneficios del Estado, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.
Los principales afectados incluyen a beneficiarios cuya salud no justifica la pensión, quienes poseen bienes significativos (vehículos, propiedades, e incluso embarcaciones) o tienen un empleo formal. También se revisan casos con documentación sospechosa o fraudulenta, como radiografías de animales utilizadas para obtener pensiones.