Jujuy, envuelto en un espiral descontrolado de “femicidios “. Fuerte repudio social.
RECHAZAMOS LA LEY PROVINCIAL SOBRE DESAPARICIÓN DE MUJERES, NIÑAS Y PERSONAS DE LA DIVERSIDAD Y EXIGIMOS LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y DEL MOVIMIENTO DE MUJERES, EN EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MEDIDAS DE EMERGENCIA, QUE TOME EL GOBIERNO.
Las que nos faltan:
Cesia Reinaga estuvo 10 días desaparecida en Abra Pampa. Fue encontrada asesinada por una llamada anónima.
Iara Rueda estuvo desparecida en Palpalá. Apareció al 5 día, asesinada, en un lugar que las y los vecinos, organizados porque la policía no la buscaba, ya habían revisado el día anterior sin encontrar nada.
Roxana Mazala participó en la marcha por Iara y Gabriela, que se hizo en Perico el lunes 28 y al día siguiente, fue asesinada por su ex pareja, que luego se suicidó. A Roxana, la única opción, que le dio el gobierno, fue que se pague un lugar para no volver a vivir con su femicida. Y el ministro Ekel Meyer dijo que volvió “voluntariamente” ¿es voluntario cuando no tenés opciones ni acompañamiento?
Gabriela A Cruz la encontraron, asesinada, después de estar desaparecida una semana.
El gobierno provincial no contuvo, no acompañó, no intervino, no buscó y claramente no estuvo a la altura de las circunstancias. Si este gobierno, hoy, habla de este tema, es porque se vio forzado a justificar su inacción, ante la masividad de los reclamos, tras 4 días de marchas, en toda la provincia y con más de 10.000 personas, en la marcha de la capital.
Las organizaciones feministas, del movimiento de mujeres, de las disidencias sexuales y demás organizaciones sociales y políticas rechazan la norma aprobada por las y los diputadas/os oficialistas, como Ley Provincial Nº 6.185, de “Creación del comité interinstitucional permanente de actuación ante la desaparición y extravíos de mujeres, niñas o personas de la diversidad”.
Fue una ley de “aprobación express” y sin consenso con otros bloques de la legislatura, que vienen trabajando la temática de violencias de género. Además, se excluyó del consenso también a las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres, que venimos sosteniendo el acompañamiento, la contención y asistencia a las víctimas y sus reclamos por justicia y políticas públicas efectivas, desde hace muchísimos años.
Esto es una provocación a la movilización popular de los últimos días. Es una respuesta burocrática y adolece de operatividad. Establece atribuciones y funciones que ya están asignadas a otros organismos (y que este gobierno no aplica).
En consecuencia, lejos de agilizar, entorpecerá y provocará una enorme confusión en los procedimientos existentes.
No contempla la contención y acompañamiento de las familias de las víctimas.
No es una medida que apunte a la prevención contra las violencias de género y femicidios.
El gobernador parece desconocer las leyes, que hemos conseguido con nuestra lucha, cuando, en sus declaraciones se refiere a la “ausencia de legislación nacional”.
Pero también desconoce la propia normativa, que este mismo gobierno ha dictado: ¿acaso el Ministrio Ekel Meyer no sabe que, desde 2017, existe un protocolo (Resolución 005- MS/2017), de su propio ministerio y que él no aplica? Declara que “se hizo todo desde el minuto 0”, lo que contrasta, claramente con el clamor de las familias de las víctimas, denunciando el abandono y la inacción policial. Un ministro de seguridad que culpabiliza a las víctimas, ignorando la inacción del Estado y desconoce lo más elemental sobre la problemática de las violencias de género en el ámbito doméstico.
No se trata de re-escribir leyes y protocolos, que ya están en vigencia y que se actualizan constantemente. Se trata de que se conozcan, se capacite a agentes, para aplicarlos y, finalmente, de que se cumplan, con adecuados presupuestos e insumos necesarios, para proteger a las mujeres, infancias y adolescencias y disidencias sexuales.
El estado debe asignar presupuestos adecuados.
Desde las organizaciones de mujeres y disidencias, venimos reclamando que el presupuesto provincial, se elabore con perspectiva de género y con participación de las organizaciones.
Para proteger a las mujeres de la violencia patriarcal, para prevenir las violencias basadas en género y para erradicarla se necesitan recursos trabajadoras/es con remuneración digna, con capacitación permanente, con insumos disponibles para realizar el trabajo necesario.
Exigimos medidas de emergencia contra las violencias de género y presupuesto acorde en Jujuy, con participación real de las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres, sin restricciones y de familiares de víctimas de femicidios, en cada una de las instancias tanto legislativas, para la elaboración de proyectos de ley contra las violencias de género, como ejecutivas, monitoreando la aplicación de la normativa y el destino de los fondos. No queremos una declaración de emergencia para que el gobierno maneje partidas a su antojo: es imprescindible nuestra participación en la distribución.
Repudiamos la represión y el hostigamiento policial a las masivas movilizaciones en distintos puntos de la provincia contra los femicidios, solidarias con las familias de Iara, Gabriela, Roxana, y Cesia. El Estado y el Gobierno de Jujuy son responsables.
Fuente: Periodista Alejandra Paredes.